Bacalar.- En un operativo, unos 100 elementos de corporaciones como la Policía Militar, Marina, Policía Estatal y agentes ministeriales, se movilizaron hacia un predio de Bacalar considerado como Área Natural Protegida. Luego de sacar a los invasores, los elementos colocaron sellos de clausura en el predio 5 Hermanos, ubicado a la altura del kilómetro 40.

Gustavo Rodríguez Elizarrarás, propietario y quien es además presidente de la asociación Selva y Laguna Bacalar AC, había declarado que esta es la segunda ocasión en menos de dos años que este predio es invadido.

La valía de estas tierra, ubicadas en el predio 5 Hermanos, se debe a que colindan con “la laguna de los siete colores”.

Estas 70 hectáreas, que le pertenecen al entrevistado, fueron cedidas para la reserva natural, y fueron las mismas que estos sujetos armados invadieron.

De acuerdo a lo que establece Rodríguez Elizarrarás, la invasión, que comenzó a inicios de febrero, fue encabezada por una persona de nombre Salvador Huicab Aguilar, y quien lidera a un grupo de 40 personas armadas, aunque se dice que quien está detrás de la misma es Juan Osvaldo Morales Correa, quien pidió a la Sedatu le fueran asignadas 174 hectáreas, dentro de las cuales están las 70 de Rodríguez Elizarrarás.

Aunque se reportó el hecho en su momento, y hasta tres corporaciones enviaron a sus elementos, las autoridades optaron por no intervenir para evitar una resolución violenta del conflicto.

Hoy, auxiliados por la Marina, agentes de la Policía Federal acudieron a recuperar en predio y agentes ministeriales colocaron sellos de clausura; en el sitio quedaron ropas colgadas y una olla de frijol en el fuego, así como diversas mercancías en las rústicas chozas cerca de la carretera 307.

Cabe recordar que la primera invasión se realizó el 27 de julio de 2017 cuando un supuesto grupo paramilitar se apoderó del lugar hasta diciembre del 2018. Una vez que se fueron el propietario volvió a tomar posesión. Sin embargo, personas volvieron a ingresar en diciembre, dejando incluso amenazas contra él. Para enero regresaron e incluso expulsaron del sitio a los empleados de Rodríguez Elizarrarás, también con amenazas. Y desde febrero no se habían ido de dicho predio.

Otro hecho que llamó la atención fue que otros terrenos colindantes, custodiados por guardias de seguridad armados, vestidos de civil y con perros, no fueron molestados. (Agencia SIM)

Especial GP| Despojo de tierras y amenazas en Bacalar: Crónica de una descomposición que comienza con la Joya del Sur

Los militantes de Morena fijaron su postura sobre el insólito registro de 196 aspirantes a una de las 15 diputaciones locales: Las puertas están abiertas para los que cumplan con los principios del partido y piden a la dirigencia nacional que eviten que los oportunistas “secuestren” los espacios de elección.

Desde las 9 am, los morenistas fundadores llegaron al local “Salón Oaxaca” localizado en la región 98. Poco antes de las 10 de la mañana llegaron la primera y quinta regidora del Cabildo en Benito Juárez, Clara Díaz Aguilar y Anahí González Hernández, también militantes del partido guinda.

Y debido a que les hicieron la observación de que no podían estar ahí porque era un día hábil y la ley les impide participar en actos partidistas, saludaron y se fueron de la reunión.

Alrededor de seis personas fijaron su postura en contra de que los puestos de elección popular queden en manos de externos y que la mayoría cuentan con antecedentes negativos.

La profesora Leticia Cahuich, aseguró que no está en juego el partido, sino la realización de la Cuarta Transformación en el país y precisó que la necesidad que tienen los externos –exmilitantes del PRI, Verde, PRD, Nueva Alianza, entre otros- de tomar las 15 diputaciones se debe a que está en juego la aprobación de las cuentas públicas y los desfalcos al erario público así como el control del poder a través de Morena.

También pidió que la dirigencia nacional tome en cuenta los antecedentes de cada persona registrada y defienda el proyecto de Nación.

E hizo notar que el partido no debe callar a las voces que rechazan a las personas registradas como ya hizo con dos personas expulsadas y una a la que le suspendieron sus derechos partidarios y con las que veladamente envía el mensaje de no inconformarse.

Alfonsina Sánchez, recordó que en 2018 el voto fue para todos los candidatos: Presidencia de México, diputaciones y senadurías y fue “por un bien mayor” y así lo hicieron aunque traicionaron sus convicciones al dar su sufragio a algunos candidatos relacionados con actos de corrupción.

“Ahora es una situación diferente, no tiene qué tomar el control alguien que no conoce las cosas, tomar decisiones que nos competen a nosotros (Morena Quintana Roo)”, dijo.

Héctor Contreras, señaló que a varios de los que se registraron por una diputación local les preguntó cuál era su propuesta o proyecto legislativo, y no pudieron explicar sólo atinaban a decir que iban a aportar a la cuarta transformación.

Y consideró que es muy probable que los externos podrían traicionarlos, como en su momento ocurrió con los dos únicos diputados plurinominales de Morena que “no habían tomado protesta (en el Congreso del Estado en 2016) y ya estaban a los pies del gobernador”, recordó.

Cancún.- Bajo el argumento de que no pueden cerrarle la puerta del partido a nadie, los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) encabezados por Juan Ríos Balderrama, enlace de este partido en Quintana Roo, comentaron que “el 99%” de los que se inscribieron a una candidatura a diputado no gozan de buena imagen, por lo que se necesita fijar una postura, para que esos aspirantes no pasen.
En una Asamblea de militantes de Morena en Benito Juárez, Bernardo May pidió que se respeten los estatutos de Morena, la convocatoria; y cuestionó la llegada de externos, pues aseguró que “hay que luchar por lo justo, los espacios que le corresponden al partido”.

Por su parte, Alfonsina Sánchez Cruz, ex suplente de Luz Maria Beristain en el Senado, justificó la reunión, al decir que Morena está organizado y que el Comité Ejecutivo Nacional no debe tomar las decisiones en Quintana Roo. La primera vez era un bien mayor, llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, pero ahora la situación es diferente y piden que se conforme el partido político.
«Esa gente externa que ha venido nos ha traicionado, no una, sino dos o tres veces… Deseamos que esos documentos que dan origen a Morena se hagan valer, que se cumpla cabalmente nuestros estatutos», alegó.
Al tomar la palabra, Jaime Echeverría defendió a los fundadores de Morena en Quintana Roo y manifestó que no es justo que otras personas lleguen a ocupar el lugar que les pertenece, pues los entornos no conocen ni la ideología del partido. Felicitó a todos los que llegaron, porque a nivel nacional son la primera fuerza política del país; por eso es que muchos quieren participar en él.
Al borde de las lágrimas, dijo ser seguidor de Andrés Manuel López Obrador, porque cree en sus principios y que desde hace años creyó que sería Presidente de la República, ya que es un hombre que quiere el bien para todos.
«Él vivió en Macuspana, de gente humilde», dijo al referirse a mandatario.
Leticia Cahuich les recordó a los presentes que no solo está en juego la ideología de un partido, sino el proyecto de la Cuarta Transformación; además de la aprobación de los recursos públicos de los próximos años. La gente que llegue a una candidatura de diputado debe cumplir con los estatutos, que caminen con los principios de Morena. El trabajo que se hace dentro y fuera de Morena por el proyecto de nación.
Hizo un llamado a no permitir el “secuestro” de Morena por parte del PRI, quienes desde el 2016 lo intentan.
“Si se tiene que quitar ese poder a esas personas, lo vamos a hacer; si hay que manifestarse el 24 de febrero en la visita del presidente, así lo vamos a hacer”, amenazó.
Reprochó que el partido quiere callarlos con la amenaza de expulsiones, pero no permitirán la imposición de candidatos, así harán lo que tengan que hacer para privilegiar que los candidatos sean de Morena.

La senadora morenista, Marybel Villegas, volvió a aparecer como probable responsable del desvío de millonarios recursos en la llamada Estafa Maestra. Se trata nada menos que de la investigación a nivel federal sobre la red de corrupción en las estancias infantiles que implica a la ex priísta tras su paso como delegada de Sedesol, cuando Roberto Borge era gobernador de Quintana Roo.

En las guarderías de la actualmente llamada Secretaría del Bienestar, existía una red de corrupción que no estaba liderada por los responsables de las estancias infantiles, sino por quienes eran delegados, coordinadores y supervisores del proyecto en Sedesol, aseguró Clara Torres, exdirectora del Programa de Estancias Infantiles, publicado en El Sol de México.

En esta red se ubica al estado de Quintana Roo, donde se han abierto indagatorias en contra de Villegas Canché, señalada por participar en las operaciones de la Estafa Maestra y ahora investigada por el desvío de recursos del programa de estancias infantiles. De acuerdo a una fuente consultada, serían alrededor de 30 millones de pesos.

Villegas Canché fue designada como delegada de la Sedesol en abril de 2016, en sustitución de Fabián Vallado Fernández. Tanto ella como Vallado fueron de los colaboradores más cercanos del exgobernador Roberto Borge Angulo, ahora preso.

Según investigaciones de la llamada Estafa Maestra, desde la Sedesol Villegas Canché desvió recursos para pagar a todo un equipo de operadores políticos que promovieron campañas como la del excandidato del PRI/PVEM la gubernatura y actualmente preso por peculado, Mauricio Góngora Escalante.

Estafa Maestra

Según la Wikipedia, la estafa maestra es el nombre de una investigación periodística hecha por el portal de noticias Animal Político, en asociación con la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Publicada el 5 de septiembre de 2017, la investigación desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

El reportaje obtuvo diversos premios internacionales y todavía sus efectos son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).