Con el cambio de la versión 3.2 para la facturación electrónica que se manejaba hasta el 31 de diciembre del año pasado a la versión 3.3 que aplica desde el primer día de este año, el gobierno federal busca prevenir los fraudes y compra venta de facturas, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impone nuevas reglas que sacarán del mercado a los evasores de impuestos a partir de 2018.
Para lograrlo dispuso que los Proveedores Autorizados en Certificación (PAC), no puedan timbrar si el RFC de la persona a la que le hacen la factura no está dado de alta en su padrón y aplica también para quienes tienen un RFC no actualizado.
De igual forma los cambios requeridos tienen como objetivo unificar la factura, es decir, que no existan textos abiertos sino que todo sea a través de catálogos, explica Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de Facturador Contable en Facturador.com.
“El contribuyente puede describir su actividad, producto o servicio como quiera pero se debe ubicar en una de las descripciones de actividades en el catálogo del SAT, que se compone por más o menos 60 mil productos y contempla una gran variedad de actividades”, mencionó.
Con el nuevo esquema, las mayores interrogantes de los contribuyentes tienen que ver precisamente con el uso de los catálogos del SAT, por lo que la entidad se vio obligada a establecer un periodo de curva de aprendizaje en su uso -un plazo a junio de 2018- en el que si cometen una equivocación no van a enfrentar ninguna sanción.
En Quintana Roo de acuerdo al SAT, de una muestra de poco más de 758 mil contribuyentes tanto personas físicas como morales, localizados a finales de octubre del 2017, facturaban en la versión 3.3 poco más de 144 mil, lo que representa apenas el 19 por ciento del total de ese universo.
