Grupo Pirámide

Desde hace años Quintana Roo atraviesa por una anarquía más que evidente en el sistema de transporte.

Sólo basta mirar las condiciones del transporte público: camiones obsoletos, sin rampas para personas con discapacidad, combis y TTE sin paraderos fijos que se detienen en cualquier lugar, taxis en condiciones más que deplorables, además de los excesivos cobros en el aeropuerto de Cancún; a los que se ha sumado el funcionamiento —sin reglas— de los llamados moto taxis.

La sentencia de un tribunal federal ayer abre la puerta para el ingreso de Uber, la plataforma digital más popular en los últimos años, que a su vez, genera un amplio margen para que los diputados del Congreso del Estado puedan reglamentar y, al menos en el papel, comenzar a poner orden, para que el Ejecutivo pueda fiscalizar que la ley se comience a cumplir.

La necesidad de competencia

Durante años los transportistas públicos han amenazado con cierres de calles, con violencia y revanchas políticas, pero la necesidad de competencia y modernización los ha superado.

Los ciudadanos necesitan opciones de movilidad frente a la situacion precaria que deja a cientos de personas con desventajas a la hora de trasladarse.

Desde hace años se planteó unificar los recorridos de los camiones para que, con el pago de un solo ticket, el pasajero pueda recorrer más kilómetros sin pagar, como hoy, hasta cuatro pasajes para ir a sus lugares de trabajo.

Todos estos proyectos quedaron en el archivero por presiones de uno de los sindicatos más fuertes del estado, que valga decirlo, interviene en todas las elecciones y, claro está, se cobra los favores otorgados.

No será Uber una solución para todos los problemas, simplemente viene a mitigar una situación que requiere una intervención mucho más profunda, que básicamente tiene que ver con mejorar las condiciones en las que viajan las personas, las que hacen que este estado sea el que más turismo le genera a México. No se merece el servicio de transporte que tiene, menos su fuerza laboral.

El balón lo tiene el Congreso que deberá dar un marco más sólido para que la movilidad comience a cambiar hacia la modernidad y beneficio de todos.

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