El caso del desarrollo residencial Alux 33, en Puerto Morelos, podría ser sólo la punta del iceberg de un esquema de autorizaciones ambientales que, de acuerdo con organizaciones ambientalistas, permitió la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) pese a invadir la competencia federal.
Durante la conferencia de prensa, representantes de organizaciones ambientalistas como el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) cuestionaron las actuaciones de la dependencia estatal y advirtieron que la problemática podría repetirse en otros desarrollos ubicados en zonas costeras de Quintana Roo.
Entre los proyectos que enfrentan similares situaciones se encuentran Inna, Wilma, Musa del Puerto, Uva de Mar, Sole Blue, Soulam, Bella Mare, una construcción colonial y Piedra del Mar, además de Legacy, en Playa del Carmen.
El señalamiento surge a partir de la sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Quintana Roo, dentro del juicio de amparo 959/2025-G-1, relacionada con Alux 33.
El tribunal determinó que la SEMA carecía de competencia para evaluar y autorizar ambientalmente el proyecto, debido a su interacción con un ecosistema costero de manglar, cuya evaluación corresponde al ámbito federal.
La resolución quedó firme al no ser recurrida oportunamente por la autoridad estatal. Posteriormente, el juzgado ordenó su cumplimiento y dio a la SEMA un plazo de tres días para cancelar la autorización estatal.
Con anterioridad, en diciembre 2025, la Semarnat negó la autorización ambiental a Alux 33. Además, la Profepa emitió un resolutivo en el que ordena a los inversionistas restaurar la zona, demoler todo y volver las cosas a su estado base, y le da una oportunidad de regularizarse, pero los desarrolladores siguieron construyendo. Por lo que DMAS presentó un amparo y luego, otro más.
Incompetente, reconoce SEMA
En respuesta, mediante el oficio SEMA/SPCA/DIRA/0648/2026, la propia dependencia dejó sin efectos la resolución ambiental SEMA/DS/SGPA/DIRA/1522/2025 y reconoció que era legalmente incompetente para conocer y resolver la solicitud de autorización de impacto ambiental de Alux 33.
Para las organizaciones ambientalistas, este reconocimiento abre una interrogante mayor: Cuántos otros proyectos costeros pudieron haber sido sometidos a procedimientos estatales cuando, por las características de los ecosistemas involucrados, correspondía intervenir a la Federación.
Los activistas también señalaron que desde marzo de 2026 han advertido posibles prácticas de invasión de competencias federales, falta de transparencia y obstáculos para la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental.
Uno de los cuestionamientos es que algunas autorizaciones serían emitidas antes de la publicación de los listados de proyectos sujetos a evaluación, lo que limitaría la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones conozcan oportunamente los proyectos y soliciten consultas públicas.
Otros ejemplos
En el caso de Sole Blue, en Puerto Morelos, de acuerdo con los ambientalistas fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2025 por no contar con autorización federal en materia de impacto ambiental.
También solicitaron revisar el caso Legacy, en Playacar, Playa del Carmen, donde la SEMA habría otorgado autorizaciones ambientales estatales y posteriormente iniciado procedimientos relacionados con su incumplimiento.
Los ambientalistas pidieron además que la nueva legislación ambiental federal impida que mecanismos de regularización sean utilizados para convalidar autorizaciones emitidas por autoridades sin competencia o para sustituir evaluaciones ambientales que debieron realizarse previamente.
El caso Alux 33, concluyeron, deja un precedente que obliga a revisar otros proyectos y a garantizar que ningún desarrollo en ecosistemas costeros de Quintana Roo obtenga autorización mediante procedimientos que invadan facultades federales.
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