Tanto el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) Víctor Vivas Vivas, como el ex presidente municipal de Cozumel y actual titular de SEDATU en Quintana Roo, Freddy Marrufo Martin, enfrentarán sendos juicios políticos, después de que la comisión de Justicia del Congreso del Estado, declarara procedentes las solicitudes en su contra.
Aunque la sesión fue de carácter reservado, se supo que los cinco integrantes de la comisión que encabeza Mario Villanueva Tenorio, votaron a favor de la procedencia del juicio a los políticos. 
Según se supo, en el caso de Vivas Vivas, lo diputados determinaron que existen suficientes pruebas ante los señalamientos de la consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo, quien lo acusó en reiterados foros de amenazas, acoso y violencia política de género durante el proceso electoral local 2016.
En tanto el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carbajal, libró el señalamiento y los legisladores determinaron en su caso que no existen elementos para someterlo a juicio político.
Desechan juicio a Harley Sosa y esperan a Mimenza
Durante la mañana se había desechado el juicio político contra el titular de Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, y será hasta el próximo martes cuando determinen si proceden las solicitudes del concejero del Ieqroo, Sergio Avilés Demenegui, quien demandó también a Vivas Vivas y otros dos magistrados,en este caso, por violentar la autonomía del Instituto Electoral; además de los solicitados por los partidos: PRD y Morena, también por supuestas violaciones a las leyes y normas electorales locales.
Ahora, los congresistas deberán conformar la comisión instructora para atender los juicios en su conjunto.
En el caso del ex presidente municipal de Cozumel, Freddy Marrufo Martín, se centra en el presunto mal manejo de recursos públicos y daños a la administración municipal por la cantidad de 405 millones 997 mil 649 pesos con 31 centavos.
Por otro lado, Carlos Antonio Mimeza Novelo, podría ratificar otra solicitud de juicio político en contra de diversos actores de la administración publica en el gobierno de Roberto Borge Angulo.
