Un grupo de socio operadores de Uber acudieron a la representación del Congreso de Quintana Roo en Cancún, en donde presentaron un escrito en el que piden juicio político por el actuar irregular de tres funcionarios:
- Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo),
- Erika Castillo Acosta, directora de Gobierno y
- Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno
Pidieron que se les explique por qué se nombró a una socia taxista (Erika Castillo) como directora de gobierno, en medio del conflicto del sindicato de taxistas con los conductores de Uber, pues el padre de la funcionaria fue Secretario General del Sindicato de Taxistas de Cancún “Andrés Quintana Roo”.
Carlos Calzado, socio conductor, aclaró que esta petición de juicio político la interpusieron los conductores y no la plataforma.
“Hemos dicho siempre que nosotros representamos los intereses de los socios conductores, la empresa es otra cosa”, aseguró.
Cuestionó la propuesta de que ahora el Imoveqroo esté analizando cobrar más del 2 por ciento contemplado originalmente, que podría ser hasta 7 por ciento, además de que estos organismos deberían rendir cuentas del dinero que recaudan, como el fondo que se pretende crear con estos cobros a choferes, repartidores y plataformas.
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