La “regulación” de los narcocorridos comenzó a tomar impulso en el país, con por lo menos ocho entidades donde, a nivel estatal o municipal, se han tomado medidas legislativas o administrativas o se perfilan para restringir la difusión de este género musical, al aplicar castigos penales o sanciones a través de decretos o bandos de policía y buen gobierno.
Apenas este miércoles, el Congreso de Aguascalientes prohibió la interpretación de narcocorridos tras aprobar la creación de un nuevo tipo penal denominado “provocación a cometer un delito o apología del delito”.
También antier, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un decreto para prohibir este género musical en espectáculos públicos, como parte de una estrategia para reducir la violencia en su estado. La medida aplica solamente para eventos públicos, ya que la población podrá continuar escuchando esta música en lo privado, como sus hogares o vehículos.
En febrero pasado, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, emitió un decreto oficial que prohíbe narcocorridos y corridos tumbados en estadios, ferias, plazas y otros espacios públicos, con el fin de frenar la normalización de crimen entre los jóvenes.
Con medidas similares también está Querétaro, cuyo gobierno acordó el pasado 10 de abril, con los 18 municipios de la entidad, prohibir eventos públicos y privados que promuevan la apología del delito. Al día siguiente, la administración del gobernador Pablo Lemus, en Jalisco, presentó una iniciativa para prohibir canciones que hagan apología de la violencia, con la intención de reformar reglamentos municipales y aplicar sanciones administrativas y penales.
En otros estados ya habían establecido medidas al respecto desde antes. En Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez niega, desde el año 2023, los permisos para conciertos que promuevan a la delincuencia organizada, con el bando de policía como sustento legal para rechazar aquellos shows que hagan apología del delito. Con información de La Razón de México.
