El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Vivas Vivas, ofreció la plática “Prevención del Delito y Blindaje Electoral” a unos 108 servidores públicos del Municipio de Bacalar.
Al inicio de esta plática realizada por videoconferencia, Astrid Concepción González Buenfil, contralora del Ayuntamiento de Bacalar, agradeció a nombre del edil, Alexander Zetina Aguiluz, las facilidades otorgadas por el Teqroo para impartir este curso a los servidores públicos, para que sepan qué deben hacer durante el proceso electoral.
El magistrado electoral explicó en qué consiste el blindaje electoral y las restricciones a la propaganda gubernamental en periodos de campaña y hasta que concluya la jornada electoral, además de exponer jurisprudencias y tesis emitidas en esta materia. De igual manera, habló de sentencias dictadas por los tribunales electorales tanto federales como de Quintana Roo.
“Es importante que como servidores públicos conozcan sus derechos y obligaciones en los procesos electorales”, afirmó.
Dijo que como servidores públicos, deben evitar cometer un delito electoral y entre lo que no debe hacer esta, como obligar al personal subordinado a asistir a eventos proselitistas, obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral, condicionar cualquier servicio o programa gubernamental con fines político – electorales, utilizar los recursos o instalaciones públicas con fines político – electorales, apoyar alguna opción electoral durante el horario laboral.
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También está solicitar a las personas subordinadas aportaciones para apoyar alguna opción electoral y negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades electorales.
Advirtió que estas conductas son sancionadas con destitución, inhabilitación de dos a seis años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400 días y prisión de dos a nueve años.
Recordó que en el Proceso Electoral 2018, la otrora FEPADE diseñó e implementó una Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE), que permitió contar con un Programa Nacional de Blindaje Electoral (PNBE) homogéneo en todo el país para prevenir la comisión de delitos electorales por parte de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
