La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los ciudadanos que en algunos puntos del país, la presencia de “intermediarios o coyotes”, aumentó el costo de los servicios funerarios.
La dependencia precisa que identificó que varios consumidores contrataron servicios no directamente con funerarias, sino con terceros que les venden el “paquete completo”: servicio funerario y trámites ante las autoridades para obtener actas de defunción y permisos de inhumación, encareciendo considerablemente el costo.
Revisó que directamente con las empresas que ofrecen servicios no detectaron incrementos, pero sí cuando los consumidores recurren a intermediarios para que les faciliten los restos de sus familiares.
Por ejemplo, a través de la sección “Quién es quién los precios” de la Profeco, el paquete de inhumación en la zona metropolitana de la Ciudad de México pasó de un costo promedio de 10,702 pesos en noviembre de 2019 a 10,768 (0.6%) al pasado 15 de mayo; y el servicio de cremación pasó de 12,040 a 12,852 (6.3%) en la capital del país.
En el boletín de prensa agrega que también registró el costo del servicio del entierro en este mes de mayo en ciudades como Puebla, Puebla, con promedio de 9,323 pesos; Culiacán, Sinaloa 9,896; Villahermosa, Tabasco 10,566; León, Guanajuato 14,294; en Cancún, Quintana Roo 14,920; Mexicali y Tijuana, Baja California 17,193 y 18,726, respectivamente; Guadalajara, Jalisco 17,261; y en Monterrey, Nuevo León 19,884.
En tanto, el servicio de cremación en Mexicali cuesta en promedio este mes de mayo 12,159 en Puebla; 12,156 Mexicali; 15,899 Cancún; 16,200 León; 16,829 Guadalajara; 16,907 Culiacán; 17,740 Tijuana; 21,588 Monterrey; y 23,166 Villahermosa.
La Profeco hizo un llamado a que las alcaldías, municipios e instancias de gobiernos estatales eviten y denuncien la actuación de intermediarios en trámites relativos a actas de defunción y derechos de inhumación.
Hasta ahora, la Profeco no ha recibido denuncias contra estos intermediarios, pero recomienda a los consumidores denunciarlos ante las autoridades ministeriales, ya que estarían incurriendo en la práctica de un delito, o bien ante la propia Profeco, que puede canalizar esos reclamos ante la Fiscalía.
