A la solicitud de partidos políticos ahora se suma el de algunas organizaciones civiles que piden al Congreso de Quintana Roo rechazar la ratificación de la concesión del alumbrado público por 20 años a Celsol SA de CV y advierten que en caso de que se autorice iniciarán una campaña de difusión para que los ciudadanos se amparen.
Esquivel Cruz González, Coordinador Estatal de Vanguardia Progresista del PRD y Gustavo Adolfo Caballero, integrante del movimiento “Qué Hable Quintana Roo”, coincidieron en la necesidad de que los diputados no ratifiquen la concesión que otorgó el Cabildo a la empresa regiomontana Celsol.
Sobre todo, porque existen quejas del servicio que prestó en Tijuana y en Acapulco, y los legisladores deberán analizar si con esos antecedentes deberá prestar sus servicios también en Benito Juárez.
Sin alumbrado
Y a esto, dijo Esquivel Cruz se suma que hay vialidades del primer cuadro de la ciudad que carecen de alumbrado, por ejemplo la avenida Chichén Itzá, la Xcaret, la Andrés Quintana Roo y vialidades cercanas a fraccionamientos como Azul Bonampak, por mencionar algunas zonas.
En caso de que los diputados locales aprueben que en los próximos 20 cambien 52 mil lámparas del alumbrado público en el municipio con una inversión de 500 millones de pesos, dijo Cruz González que existe la posibilidad del amparo y de esa manera lograr, que el pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP) se recupere a favor de los clientes.
“Existe una jurisprudencia, que ahora se llama precedente con el número de registro 820237 de la octava época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que especifica que el alumbrado público, los derechos por servicio, las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por energía eléctrica son inconstitucionales porque invaden la esfera de la federación. Aquí el cuestionamiento es cómo la autoridad municipal infringe lo que corresponde a la Cámara de Diputados en el artículo 73 para establecer contribuciones”, afirmó.
