La iniciativa, que pide requisitos como pruebas de VIH para casarse, fue presentada por el presidente de la JUGOCOPO, Humberto Aldana y Mildred Ávila, quienes suenan como candidatos a diputaciones federales.
Ciudad de México.- El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), consideró como violatorio a los Derechos Humanos la reforma al artículo 682 del Código Civil de Quintana Roo, impulsada por los diputados Humberto Aldana, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y Mildred Ávila, ambos de Morena, que establecen presentar una prueba de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisito a quienes desean contraer matrimonio. Los representantes suenan con posibles candidatos a diputaciones federales.
«Esta disposición contraviene los artículos 1° y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tal motivo, vulnera los derechos de las personas que viven con VIH, para quienes puede convertirse en una barrera si desean contraer matrimonio«, explica el organismo a través de un comunicado.
En contra de la NOM-010
Además, esta medida se contrapone a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023, «Para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana», que señala que no se debe solicitar una prueba de detección del VIH como requisito para el acceso a bienes o servicios de cualquier tipo; contraer matrimonio; divorciarse; ingresar u obtener, permanecer o ascender en el empleo; formar parte de instituciones educativas o de salud; ejercer el trabajo sexual; o para recibir atención médica, y en cualquier otro caso que impida o anule el ejercicio de los derechos de la persona. Esta norma es de observancia general, por lo que debe ser acatada por el gobierno federal y por todos los gobiernos estatales y municipales.
Pone en riesgo los avances en Derechos Humanos
La dependencia federal considera que la reforma en el Código Civil de Quintana Roo, impulsada por el diputado Humberto Aldana, y que entró en vigor el pasado 21 de diciembre al ser publicada en el Periódico Oficial, pone en riesgo los avances alcanzados en materia de derechos humanos en la respuesta al VIH en México, por lo cual resulta crucial su revisión política y jurídica.
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Censida recordó que en México las personas que viven con VIH cuentan con tratamiento efectivo, seguro y gratuito. «Estos medicamentos impiden el avance del virus y contribuyen a que puedan gozar de calidad y expectativa de vida plena».
Asimismo, el organismo recordó que la prueba de detección del VIH es una estrategia de prevención a la que toda la población con vida sexual activa puede tener acceso como parte de su derecho al cuidado de la salud, por lo que esta prueba es voluntaria y no debe ser coercitiva.
