Chetumal, Quintana Roo.- El caso está presente aún en la mente de los quintanarroenses. Provocó marchas en las principales ciudades del estado: Cancún, Playa del Carmen y en el propio Chetumal. Hubo una reacción del Gobierno y desde luego, una pronta respuesta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) que inició una queja de oficio contra la Policía Estatal Preventiva y el juez que otorgó libertad al agresor «por el indebido ejercicio de la función pública».
Se trata del caso de la cantante Addisbel quien fue brutalmente golpeada en Chetumal y que la mantuvo por semanas hospitalizada e inconsciente y que después fue trasladada a un hospital de Cancún. Su agresor fue detenido por elementos policíacos pero quedó libre horas después por orden de un Juez ya que solo fue acusado de cometer «faltas administrativa».
Para Marco Toh Euan, ombudsman de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) este caso tuvo deficiencias garrafales en el proceso de detención del agresor de Addisbel y violaciones cometidas a los derechos humanos de las mujeres. Para la Cdheqroo «las autoridades actuaron sin tomar en cuenta la perspectiva de género pues existe un grave desconocimiento del enfoque de derechos humanos y del debido proceso».
Esto ha generado que la Cdheqroo emitiera una recomendación al gobierno de Chetumal, el cual se negó a aceptar.
Falta de voluntad política
El ombudsman de Quintana Roo, Marco Toh Euán emitió una recomendacióna el 9 de marzo por el caso de una cantante que fue salvajemente golpeada en Chetumal casi provocándole la muerte. «El contexto de la queja fue iniciada de oficio a raíz de una alianza que tenemos con medios de comunicación, cuando conocemos un caso de gravedad, emitimos un pronunciamiento para las autoridades e iniciamos una investigación con perspectiva de género y es importante señalarlo pues es una de las primeras recomendaciones que salen con está herramienta jurídica», explica Toh Euán en entrevista con Grupo Pirámide.
La Cdheqroo acreditó los hechos violatorios pues las autoridades actuaron de manera irregular, toda vez que omitieron acciones que debieron ser vitales para garantizar justicia y reparación del daño y esto no ocurrió. El ombudsman emitió dos recomendaciones, una a la Secretaría de Seguridad Pública y otra al gobierno de Othón P. Blanco, «desgraciadamente el municipio no acepta la recomendación, en cambio, la Secretaría de Seguridad Pública sí aceptó la recomendación cosa que aplaudo y reconozco», explica el maestro Toh.
«Se hizo patente el reconocimiento y la obligación constitucional a respetar y preservar los Derechos Humanos, y la reparación del daño, esta el hecho de que la SSP si tiene está voluntad política para trabajar con el respeto absoluto de los Derechos Humanos», agrega el funcionario.
Mientras tanto el municipio argumenta que ellos no tienen ninguna responsabilidad, sin embargo, para Toh Euán la investigación realizada por Derechos Humanos sí ve faltas graves por parte de las autoridades municipales.
– ¿Fue falta de voluntad política o que otra cosa usted ve?, se le pregunta al Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
– La experiencia que tengo puedo decir que sí, que es falta de voluntad política y por otra parte desconocimiento del respeto de la obligación de proteger, garantizar y promover los Derechos Humanos.
Con más de 15 años de trayectoria al interior de la Comisión, Toh Euán explica que las autoridades de aprender a respetar que tienen obligación de respetar los Derechos Humanos y enseguida comenta: «A partir de la Reforma del 2011, todas las autoridades tienen la obligación respetar y garantizar los Derechos Humanos y en consecuencia el Estado tiene que reparar, sancionar, investigar y prevenir la violación de Derechos Humanos que es lo que justamente no está pasando y esto es algo gravísimo y antimoral en materia de Derechos Humanos», concluye.
