El pasado 7 de diciembre, Fabiola Cortés Miranda, quien encabeza la asociación civil “Somos tus Ojos”, denunció un presunto despojo de tierras en Tulum en perjuicio de una persona de la tercera edad, por parte de José María Rejón De la Guerra, quien es hermano de la primera dama de Quintana Roo, Gabriela Rejón. Lo anterior, habría sido en complicidad con la Fiscalía General del Estado (FGE).
Simulacro de compraventa
Cortés Miranda, mediante rueda de prensa, dijo que se trató de un simulacro de compra-venta de 7 millones de pesos, por un terreno de 37 hectáreas, ubicado en Akumal, pues el recurso nunca llegó a manos del propietario, quien no tenía intenciones de vender su rancho “La Caverna”. Antonio Manrique, el presunto defraudado, tardó meses en darse cuenta que lo habían engañado al obligarlo a firmar, por lo que interpuso una denuncia; sin embargo, funcionarios por consigna del gobernador Carlos Joaquín -denuncian- se encargaron de darle carpetazo al tema en tres meses.
Ante estas acusaciones, Carlos Joaquín desmintió que él o su esposa hayan estado involucrados en la mencionada operación y exigió pruebas. Fabiola Cortes dio a conocer ayer un documento en el que presenta seis pruebas de lo denunciado.
6 pruebas que comprueban el despojo en perjuicio de una persona de la tercera edad
- 1 Contrato de Compraventa entre Antonio Manrique Mac y José María Rejón de la Guerra, respecto al predio rústico “La Caverna”, el 25 de abril de 2019, que consta en la escritura pública 47. En la cláusula segunda se lee que el precio convenio es de 7 millones 500 mil pesos, cuando por ser un terreno turístico residencial su precio comercial es de 70 millones de pesos, más de la mitad de lo que fue “vendido”.
- 2 Los movimientos de la cuenta bancaria del Sr. Antonio Manrique, aperturada por la señora Cecilia Yvette Castillo Parra, con el poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio que obtuvo con engaños del señor Antonio Manrique.
Nunca se recibió el estado de cuenta del afectado como prueba
El estado de cuenta es una de las pruebas que Antonio Manrique tenía para acreditar el fraude en su contra, pero durante el proceso el fiscal Jeans Gaspari Chable Yupit nunca le permitió tener acceso a su expediente, no lo recibió, no le aceptó ningún dato de prueba, ni realizó acto de investigación alguno que beneficiara a la víctima; y en tres meses, la fiscal Estela Noemí Labastida Rodríguez determinó el no ejercicio de la acción penal.
- 3 Revocación del poder de la señora Cecilia Castillo Parra, por su insistencia de vender el rancho La Caverna, luego de que el señor Antonio Manrique Mac comprendió los alcances de dicho poder, esto es, que con el mismo, Cecilia Yvette Castillo podía vender su rancho.
- 4 Un poder general para actos de dominio y para asuntos judiciales de Antonio Manrique a favor de Cecilia Yvette Castillo Parra, el cual obtuvo con engaños el día 30 de mayo de 2019, ante la Notaria 26 del notario Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, en Mérida, Yucatán.
- 5 Copia de la escritura pública que contiene un Contrato de Préstamo Mercantil entre Antonio Manrique y Cecilia Castillo Parra.
Le hicieron firmar al afectado un préstamo por más de 5 millones de pesos
El 30 de mayo de 2019, ante la misma Notaria 26, Cecilia Yvett Castillo le hizo firmar a Antonio Manrique un préstamo, a su favor por la cantidad de cinco millones quinientos mil pesos.
“Como lo he expresado en múltiples ocasiones, el señor Antonio Manrique es un anciano de 72 años, discapacitado, con grado de estudios de primaria sin concluir, y con una afectación intelectual derivada de un accidente, por lo que tampoco tuvo voluntad de “celebrar” un préstamo mercantil por 5.5 millones de pesos, y mucho menos entendió los alcances del documento que firmó”, indica Fabiola Cortés.
Sin intereses ni penalidad por incumplimiento
En dicha escritura pública, quedó plasmado el contenido del contrato de préstamo mercantil en el que se leen las abusivas cláusulas, como que el préstamo es a 20 años, es decir, Cecilia Yvette, supuestamente le devolverá al señor Antonio los 5.5 millones de pesos cuando éste tenga 92 años, además de que no se fijaron intereses ni penalidad por incumplimiento.
- 6 Copia de la carpeta de investigación número FGE/QR/AMPTUL/UITUL/08/1113/2019 de fecha 31 de agosto de 2019, interpuesta en la Fiscalía de Tulum por Antonio Manrique Mac en contra de Cecilia Yvette Castillo Parra y José María Rejón de la Guerra y Wilberth Kumul.
Grabaron en un USB la firma de la compraventa
En dicha carpeta, comparecieron de forma “espontánea” José María Rejón de la Guerra y Cecilia Yvette Castillo Parra; es decir, quién sabe cómo se enteraron, pero el 30 de septiembre de 2019, declaró Cecilia Yvette Castillo ante el Ministerio Público de Tulum, JEANS GASPAR CHABLE YUPIT y exhibió ante el mismo una memoria USB que contiene una videograbación de la firma de la escritura pública, en la que se observa a José María Rejón de la Guerra y Antonio Manrique Mac firmar el contrato, ante el referido Notario.
Chable Yupit requirió a la Policía Ministerial que trasladara a Playa del Carmen la memoria USB para hacérsela llegar al perito en materia de informática, para realizar la tarea solicitada que consistió en realizar “la impresión de secuencia fotográfica de los videos que se encuentran almacenados en el referido medio electrónico (…)”.
Con el video acreditaron la venta «voluntaria»
El video y el informe fueron utilizados por la Fiscalía para “acreditar” la voluntad del señor Antonio Manrique de entregar en 7.5 millones de pesos su predio de 37 hectáreas, que vale aproximadamente 70 millones de pesos.
El 5 de noviembre de 2019, el imputado José María Rejón de la Guerra, compareció ante la Fiscalía de Tulum, y declaró que el señor Antonio Manrique y su esposa acudieron a la Notaría por su propia voluntad sin que estuvieran presionados ni coaccionados.
El Fiscal del Ministerio Público de Tulum, se empeñó en obtener y recibir todos los datos de prueba de Cecilia Yvette Castillo y José María Rejón, pero no le recibió uno solo a la víctima, Antonio Manrique Mac, ni le dio oportunidad a éste de solicitar actos de investigación, puesto que aunque se le nombró una asesora jurídica de la CEAVEQROO, ésta nunca hizo nada más allá de rendir protesta.
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