No es una exageración hablar de nulidad en las elecciones por cuestiones de violencia política de género cuando, solo en 2018, se contabilizaron 106 denuncias por este tipo de casos y hubo 16 asesinatos de candidatas en todo el país, aseguró la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho.
Estos datos fueron documentados por el Centro de Estudios Especializados de Género de la Cámara de Diputados, sin embargo, las estadísticas en la materia se comenzaron a contabilizar apenas desde 2015, por lo que no existen registros anteriores a estas fechas, explicó la consejera de la Sala Regional Monterrey del TEPJF.
“Un país no puede considerarse verdaderamente democrático si en cada proceso electoral encontramos estos casos de violencia política. Si en cada proceso electoral las mujeres se juegan la vida por ejercer sus derechos de ciudadanas”, aseveró.
Ejemplificó con seis casos en los que candidatas de diferentes institutos políticos en estados como Guerrero, Puebla, Estado de México y Oaxaca fueron amenazadas, secuestradas e incluso asesinadas mientras se encontraban en alguna contienda por un puesto de elección popular en los comicios de 2015 a la fecha.
De igual manera, consideró que si el rebase de los topes de gastos de campaña se volvió causa de nulidad de las elecciones, el dinero que se utiliza durante un proceso electoral no debe valer más que la vida de las candidatas ni debe normalizarse este tipo de violencia.
“Si la política va a seguir haciendo binomio con la violencia, la democracia va a terminar siendo inexistente”, declaró.
Quintana Roo es una de las cuatro entidades que han legislado en materia de violencia política por razón de género, lo que permite que se abran causas penales y llegue a haber castigos y sanciones.
Este tipo de legislaciones, sumadas con la eventual nulidad de la elección ante estos casos, demostraría un verdadero compromiso para erradicar un problema que, “a todas luces rebasa al aparato gubernamental”, consideró la magistrada, además de que su sola entrada en vigor significaría una amenaza para quienes piensen cometer este delito.
Lo anterior fue revelado en el marco del conversatorio “Violencia Política contra las Mujeres”, que se llevó a cabo en Cancún y en el que participaron diferentes autoridades electorales de todo el país.
