Chetumal, Quintana Roo.- El Congreso del Estado aprobó la creación del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, que tendrá la facultad de conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de la falta de respuesta o de la respuesta que emitan los municipios y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en materia de solicitudes de información y protección de datos personales.
En un comunicado, se detalló que esta nueva instancia será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo, pero formará parte de la administración pública estatal.
Además, se contempla una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado en la cual se homologan reglas, principios, bases, procedimientos y los mecanismos en el ejercicio de derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.
Ambas acciones se realizaron durante la sesión ordinaria número 24, en la que se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Quintana Roo.
Con estas reformas promovidas por la gobernadora Mara Lezama y aprobadas por la XVIII Legislatura, se armoniza la legislación local con el nuevo modelo federal, sin que ello implique la duplicidad de funciones, “la existencia de burocracias privilegiadas ni gastos excesivos de recursos públicos”, indica el comunicado del Congreso del Estado.
En tribuna, el diputado Santiago Frías aseguró que se trata de una reforma que simplifica, hace más eficiente y más cercana la forma para acceder a la información pública.
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También se aprobó la creación de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, como un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“El objetivo de la Universidad es el de diseñar, ejecutar e impartir programas académicos que atiendan dos funciones principales; por un lado, la formación inicial continua y especializada de las personas integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana, tanto estatales como municipales, así como de sus instituciones auxiliares y del personal de empresas de seguridad privada”, explica el comunicado.
Además, el Poder Legislativo asegura que con ello se atiende la oferta educativa dirigida a personas interesadas en formarse en áreas estratégicas vinculadas con la prevención del delito, la cultura de la legalidad, la gobernanza y la paz social.
