Pese a que el marco normativo de Quintana Roo reconoce formalmente el concubinato entre personas del mismo sexo, la acreditación legal de estas uniones aún representa un obstáculo para la comunidad LGBTIQ+, advirtió la titular de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del Ayuntamiento de Benito Juárez, Nohamy Hermida Nieves. La funcionaria señaló que la regularización suele omitirse hasta que surge una contingencia jurídica o patrimonial, lo que deja en indefensión a las parejas frente a reclamos familiares sobre bienes sucesorios o el cobro de prestaciones sociales.
El Código Civil del Estado incorporó el concubinato en noviembre de 2007 mediante el artículo 825 Bis, estableciendo la figura como la cohabitación continua y pública durante un lapso mínimo de dos años sin impedimentos para contraer matrimonio. Dicho precepto fue reformado en 2021 para armonizarlo con los criterios de derechos humanos, sustituyendo la fórmula restrictiva de «hombre y mujer» por la definición neutra de «unión de dos personas», garantizando igualdad de derechos y obligaciones recíprocas sin distinción de orientación sexual.
No obstante la evolución legislativa, Hermida Nieves explicó que las barreras sociales, los prejuicios religiosos y el estigma familiar orillan a muchas parejas a mantener sus relaciones en la clandestinidad o en círculos reducidos. Esta falta de visibilidad pública debilita los medios probatorios requeridos para sustentar legalmente la cohabitación ante instancias judiciales o administrativas, complicando la acreditación del concubinato en escenarios críticos como el fallecimiento de uno de los concubinos, momento en que suelen suscitarse litigios con parientes consanguíneos por herencias o derechos de seguridad social.
Ante este panorama, la funcionaria subrayó la urgencia de desplegar campañas permanentes de orientación jurídica hacia las poblaciones de la diversidad sexual para que conozcan los alcances protectores del concubinato antes de enfrentar una eventualidad. Asimismo, planteó la necesidad de extender los programas de capacitación y sensibilización con perspectiva de género e inclusión hacia los servidores públicos de todas las áreas gubernamentales, con el fin de erradicar sesgos morales en la atención ciudadana y garantizar el pleno acceso a la justicia y a la certeza jurídica patrimonial. Con información de Diario Imagen.
