La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación ordenó realizar una nueva evaluación técnica del edificio Adamar Solimán, ubicado en la zona de Tankah IV, en Tulum, dentro de un proceso legal que ha generado controversia entre desarrolladores y organizaciones ambientalistas.
El inmueble se encuentra en predios que fueron fraccionados en el sector de Tankah IV. El año pasado, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo aseguró la propiedad como medida cautelar en el marco de procedimientos penales por presuntos delitos ambientales, luego de que se detectara el quebrantamiento de sellos oficiales colocados previamente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo con los antecedentes del caso, la sociedad mercantil Desarrollos Tulum Dieciséis promovió un juicio de nulidad contra un desechamiento emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), relacionado con el proyecto Adamar Solimán. La empresa argumentó que la autoridad ambiental desechó su solicitud de evaluación pese a que, según su dicho, fue presentada dentro del plazo legal.
En la sentencia correspondiente al expediente 361/25-EAR-01-4, hecha pública a inicios de este mes, la Sala determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada. En el fallo se establece que la parte actora acreditó los extremos de su pretensión, por lo que se ordena dejar sin efectos el desechamiento previamente emitido y proceder conforme a lo indicado en la parte final del último considerando de la resolución.
No obstante, el predio continuará asegurado por instancias judiciales en Tulum, ya que existen procesos penales en curso. El caso se ha convertido en uno de los más polémicos en la zona costera, debido a que la construcción fue señalada por presuntamente haberse iniciado sin contar con los permisos correspondientes.
La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha dado seguimiento al caso y promovido amparos para solicitar a las autoridades la aplicación de sanciones al desarrollador. La organización ha advertido que la edificación podría afectar zonas de anidación de tortuga marina, especie protegida en la región.
Además, el proyecto enfrenta una orden de demolición que actualmente se dirime en tribunales bajo las reglas del juicio de amparo. Mientras se resuelven los distintos frentes legales, la nueva evaluación técnica ordenada por la Sala Especializada marcará el siguiente paso en un litigio que involucra aspectos ambientales, administrativos y penales en la zona costera de Tulum. Con información de Diario Cambio 22.
