El Observatorio Legislativo de Quintana Roo revisó un borrador de la iniciativa de Ley de Movilidad para el estado y señala que existen diferencias entre los operadores de plataformas digitales -Uber, Didi y etc-, a quienes impone más restricciones, que a los taxistas. Lo que daría pie a presentar amparos.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de este organismo señaló que por prinicipio de cuentas, el documento no está disponible para su análisis ni en los archivos de la sesión del Congreso del Estado del 20 de abril pasado. Ni en la Gaceta Parlamentaria.
Detalla que en el cuerpo normativo no hay piso parejo entre los concesionarios de taxis y los permisos de transporte mediante una plataforma digital, porque a estos últimos se les condiciona a que el propietario del vehículo sea quién opere la unidad.
Imaginemos a dirigentes de taxistas operando sus unidades
«Imaginemos que los dirigentes del sindicato de taxistas que tienen concesión de placas estuviesen manejando su unidad como una condición para el servicio», citó como ejemplo Galaviz Ibarra.
A los operadores de Uber, Didi y otras plataformas les condicionan tener solo un permiso por operador. Mientras que los propietarios de concesiones de taxi, llegan a tener hasta flotillas, como es el caso de algunos funcionarios, exfuncionarios y dirigentes de taxistas.
El artículo 150 bis de la iniciativa de Ley precisa que los vehículos que estén usándose mediante la plataforma digital deberán de tener su geolocalización conectada en tiempo real al C5.
«Algo que puede ser violatorio de los derechos de privacidad y de derechos humanos. Quizás debería de aclararse que solo en caso de algún incidente del conductor o del pasajero, al funcionar el botón de pánico, éste se debe de conectar al sistema de seguridad», indicó. En cambio, a los concesionarios de taxi, no los obliga.
Por lo anterior, Galaviz Ibarra dijo que de aprobarse en estas condiciones la iniciativa, «más adelante volveremos a ver interponerse recursos jurídicos de parte de los diferentes actores involucrados en el sistema de transporte e incluso ciudadanos que vean la posibilidad de que se vean afectados sus derechos».
