Cancún, Quintana Roo.- El gobierno de Quintana Roo no ha realizado ninguna presión legal en contra de Aguakan, la empresa que tiene la concesión de distribución de agua en municipios Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, aseguró Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno estatal.
«Las acciones que el gobierno del estado ha emprendido en ningún momento ha implicado acoso ni acuerdo alguno», declaró en conferencia de prensa .
Señaló que la reunión que representantes del gobierno estatal sostuvieron con sus similares de la empresa DHD, que dirige a la concesionaria, se debió a analizar una posible afectación al público inversionista de la AFORES.
«Lo que nos llevó a dicha reunión fue la salvaguarda de parte del estado de las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores», señaló.
Y aseguró que dicha reunión se efectuó estando presentes abogados del Estado y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, encabezados por el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
«Es el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos de las y los trabajadores», comentó, para añadir que fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el estado adquiriera a Aguakan, a lo que «categóricamente se les respondió que no, que la concesión debía terminar».
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Torres Gómez comentó que la demanda en contra de la concesionaria «de ninguna manera constituye un riesgo a la inversión privada y mucho menos a las Afores, por el contrario, dichos inversionistas son posibles víctimas de los hechos realizados por ciertos accionistas y administradores de DHC quienes desplegaron conductas ilícitas tanto para la órroga y ampliación de la concesión referida, como en el deficiente servicio que prestan».
Y añadió que las denuncias presentadas por el gobierno estatal se deben ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero.
Aseguró que la demanda del gobierno estatal es resultado del «hartazgo social acumulado por muchos años y sustentado en la falta de abastecimiento de agua durante largos periodos de tiempo, el tandeo, la falta de atención a fugas, cobros indebidos, mala administración en el drenaje sanitario, así como el cobro de pipas de agua cuando no suministran el líquido de manera adecuada, entre otras irregularidades, fueron causas de ese rechazo e irritación social».
