Cancún, Quintana Roo.- A 364 días de la represión del 9 de noviembre, en la que se dispersó a balazos una manifestación en el Palacio Municipal de Benito Juárez, las víctimas no han recibido ni justicia, ni reparación del daño, ni verdad por parte de los gobiernos municipal y estatal, acusó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI).
«Después del 9N se abrió un proceso de violencia institucional hacia las personas que se manifestaron dignamente, con justicia el día 9 de noviembre. A partir de ahí, 364 días en que ellas no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación y, por el contrario, han sido violentadas por el Estado mexicano en los diferentes niveles de gobierno», señaló.
No hay claridad de los autores
Subrayó que, a casi un año de los hechos, no hay claridad de quiénes dieron las órdenes para disparar y no ha habido sanciones contra los responsables y, ni siquiera, reparación del daño a las víctimas.
«Hay que señalar que hasta este momento, no hay ninguna autoridad que haya sido investigada ni sancionada por los actos de represión y tortura sexual que sucedió el 9 de noviembre pasado”, dijo.
Al salir de una reunión en la que personal de AI se reunión con algunos integrantes del Comité de Víctimas y la presidente municipal, Mara Lezama, Espinosa, Olivares Ferreto señaló que se presentaron las exigencias del Comité de Víctimas del 9N por el no cumplimiento de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la no reparación del daño y la falta de justicia por parte del gobierno municipal.
Compromiso de cambios por parte de secretario estatal
La entrevistada refirió que previamente se habían reunido con el secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Lucio Hernández Gutiérrez, quien lamentó la represión y aseguró que tiene la disposición de realizar los cambios que garanticen que no volverá a ocurrir un caso similar.
Sin embargo, la exigencia de Amnistía Internacional es que se incluya a las víctimas en los procesos de investigación interna y de reparación del daño para garantizar su satisfacción.
Tras las reuniones, Olivares Ferrato comentó que tanto el gobierno municipal como la Secretaría de Seguridad Pública estatal afirmaron que han brindado de toda la información a la Fiscalía para que realizara la debida investigación, pero ninguna de las dos instancias ha podido determinar quién fue el responsable de dar la orden de disparar. Incluso, dijo, hay versiones encontradas sobre el Mando Único entre ambas.
“Las narrativas del gobierno municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública no coinciden en cuanto a las responsabilidades y en cómo se administra el Mando Único en este municipio y no hay claridad de quién fue la persona que dio la orden”.
Responsabiliza a policías municipales
Por otro lado, afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal señala que fue una decisión que se tomó por parte de los policías municipales, y el gobierno municipal considera que las personas que pudieron haber tomado alguna decisión era la Policía Estatal.
“De ninguna de las dos no tenemos ninguna comprobación, porque es un proceso que está llevando la Fiscalía”, indicó.
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Sin embargo, resaltó que se acordó con el gobierno municipal una próxima reunión en diciembre con el gobierno municipal para presentar la lista de peticiones del Comité de Víctimas del 9N.
Mientras tanto, en los próximos días AI se reunirá con la Fiscalía, las comisiones de Derechos Humanos y de Víctimas, así como con legisladores para abordar la falta de justicia en este caso, detalló la directora ejecutiva de la organización
