Ciudad de México.- El presidente López Obrador señaló que las acusaciones que hizo un periodista sobre los contratos de obra con empresas fantasmas que hay en la remodelación de la Quinta Avenida de Playa del Carmen deben de ser investigados: “Hay instancias para castigar actos de corrupción, existe la Procuraduría Anticorrupción (Sistema Nacional Anticorrupción), esta denuncia puede presentarse en esta institución, y también en el Ministerio Público, en la Fiscalía General de la República, y desde luego en los tribunales o instancias estatales que existen. Hay que hacer las denuncias con pruebas, y que no se permita la impunidad», señaló el mandatario.
En su conferencia mañanera, el presidente de México enfatizó: «Nosotros venimos de un movimiento en donde se decidió enfrentar el principal problema de México que es la corrupción y no se va a proteger a nadie, ni a mi familia ni amigos ni compañeros, nosotros tenemos que cumplirle al pueblo y limpiar de corrupción al gobierno», señaló.
En la misma conferencia matutina, un periodista señaló también que la edil, Laura Beristain autorizó la compra de insumos médicos por 720 mil pesos a una empresa reportada por la Auditoría Superior de la Federación como compañía ficticia.
El presidente López Obrador señaló que las autoridades que llegaron al poder con las siglas de Morena son las primeras «que deberían combatir la corrupción y no fomentarla». En su conferencia señaló: «Tenemos que acabar con la corrupción, limpiar de corrupción el gobierno, y no por que venimos de un movimiento y son compañeros nuestros a quienes se les olvida el por qué estamos en esta lucha va a haber impunidad, de ninguna manera, el más obligado a actuar con rectitud es el que viene de un movimiento de transformación».
El mandatario detalló: «Desde luego no se permite la corrupción a nadie, pero están mucho más obligados a actuar con rectitud, con honestidad, quienes llegan a los cargos a partir de un movimiento que tiene como propósito acabar, desterrar, la corrupción del país».
López Obrador sentenció que «los presidentes municipales que incurran en actos de corrupción deben ser procesados por autoridades estatales, porque a los gobiernos locales les corresponde hacerlo, es de su competencia».
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