Cancún, Quintana Roo.- Los congresos estatales han destinado millones de pesos a ayudas sociales sin que está sea una función que les corresponda, a la vez que la transparencia en el manejo de los recursos es inexistente, como lo reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Está mañana el periodista Carlos Loret de Mola pone el dedo en la llaga al señala que se desconoce a donde fueron a parar los recursos que supuestamente fueron destinados a «ayudas sociales» y pone el ejemplo de Quintana Roo.
Las ayudas sociales son gastos que no corresponden al poder Legislativo que en los hechos los convierte en Sedesoles estatales sin rendición de cuentas.
Ramiro Suárez, investigador del IMCO explica que la función de los legisladores son hacer iniciativas de ley, votarlas, ser contrapeso al gobernador del estado pero nunca entregar apoyos económicos con propósitos sociales a la gente.
El Congreso de Quintana Roo, cuyo presidente es Eduardo Martínez Arcila, es el que más ha aumentado el gasto en ayudas sociales. El IMCO comprobó que se han entregado apoyos «fantasma». Un ejemplo, Cecilia Sánchez Olais, habitante de Playa del Carmen aparece en la lista de beneficiarios de ayudas económicas que entrega el Poder Legislativo de Quintana Roo. En entrevista con Televisa, ella afirma que jamás pidió ni recibió los recursos y tan solo por casualidad se enteró que «supuestamente» ella era beneficiada.
El diputado Juan Carlos Pereyra, coordinador en Quintana Roo de la campaña de Ricardo Anaya fue quien presuntamente entregó esa ayuda a Cecilia Sánchez según una denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado.
Para Eduardo Martínez Arcila, el uso del dinero de las ayudas sociales es responsabilidad de cada legislador. En entrevista para Noticieros Televisa, el presidente de la Gran Comisión dice que será la autoridad quien determine «sí ese dinero no fue entregado, quién fue quién falseó información. Si fue el ciudadano o alguno de los asesores del diputado o el mismo diputado».
Lo cierto es que el gasto oficial reportado por el Congreso del estado en estas ayudas sociales no coincide con las versiones de los legisladores. Según Martínez Arcila, los recursos para ayudas sociales es de 35 mil pesos al mes. Esto se multiplica por 12 meses que tiene un año y por 15 legisladores que tiene el Congreso, lo que da una cantidad de 10 millones 500 mil pesos en un año. Pero el informe que emite el propio Congreso señala que la cifra es de 87 millones 53 mil 997 pesos.
Martínez Arcila en entrevista con Noticieros Televisa justificó que la diferencia de recursos se debe a la ampliación de gestión de cada diputado. Pero no son las únicas cifras que no coinciden, en el último trimestre de 2016, cuando comenzó la actual legislatura con Mertínez Arcila a la cabeza, pues la Auditoria Superior del Estado reportó a la Fiscalía que tan solo en esos tres meses se gastaron dos millones 400 mil pesos, cantidad muy superior a la autorizada. La organización Somos tus ojos a través de un recurso de transparencia logró documentar que fueron 23 millones 312 mil pesos los que se gastaron en tan solo ese tiempo, tres meses.
Según los legisladores las ayudas sociales son para apoyos médicos, de educación y hospedaje. Niegan que ese dinero sea usado con fines electorales.
