El diputado Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo informó que existen 18 solicitudes de juicio político.
De estas, 17 fueron heredadas por legislaturas anteriores, adicionalmente la que interpusieron socios conductores de Uber contra de tres funcionarios estatales.
“Vamos a analizar el fondo para ver cuáles peticiones sí continúan y cuáles se tendrían que desechar, porque muchos de estos (juicios políticos) ya ni siquiera son materia”, comentó.
Indicó que hay una gran diversidad de temas en las solicitudes para aplicar juicios políticos, ya sea contra presidentes municipales o contra funcionarios del gobierno estatal.
“Incluso hay solicitudes contra personas que ya ni siquiera viven en el estado y temas hay de cualquier variedad, como unos que son 100 por ciento laborales, que no son materia para juicio político, pero ahí están desde hace muchos años (…) Algunos son muy viejos y hay una gran cantidad de elementos, pero algunos ya fueron cosas juzgadas”, dijo.
El legislador informó que “hay una gran cantidad” de solicitudes de juicio político contra funcionarios del sexenio de Roberto Borge Angulo, mientras que en el caso de aquellos colaboradores de Carlos Joaquín González “hay al menos dos”.
Alday Nieto se reunió con los socios conductores de la plataforma de transporte Uber, quienes ratificaron la solicitud de juicio político en contra de Luis Rodrigo Alcázar, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo); de Erika Castillo y de Cristina Torres Gómez, secretaria y directora de Gobierno, respectivamente.
Lo que sigue en el proceso establece el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, es que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado sesione y verifique si el documento cuenta con los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley, como que la petición sea contra funcionarios que puedan ser sujeto de juicio político, ver cuáles son los elementos se le pueden imputar.
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