Chetumal, Quintana Roo.-El ombudsperson estatal, Marco Antonio Tóh Euán, participó en el webinar internacional “Diálogos en Pandemia Derechos a Debate”, con la temática sobre derecho a la identidad, incidencias e intervenciones en el contexto de la pandemia, organizado por la Fundación COEPIO de Argentina y en la que participaron Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar (Argentina), Francia Maradiaga, Coordinadora de la defensoría de las personas de la diversidad sexual y VIH del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras y Guillermo Escobar Roca, Secretario Ejecutivo de AGOL.
Tóh Euán expuso que el derecho a la identidad, relacionado a la diversidad sexual, es posible ubicarlo usando la herramienta de desempaque desde las obligaciones jurídicas en los pactos internacionales, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, explicó que si bien el marco jurídico es vasto, la primera referencia o fuente son los Principios de Yogyakarta; a pesar de que dicho documento internacional no es vinculante, es un principio orientador que ayuda en la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos relacionado con la orientación sexual y la identidad de género.
Mencionó que la perspectiva de género en México es una herramienta jurídica y psicosocial importante para la atención de casos relacionados con la discriminación a este grupo de población. De hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un protocolo que permite la atención a dichos casos y ayuda a visibilizar todas las pruebas que pudiera allegarse la instancia cuando no son suficientes. En muchos de este tipo de casos existe el sesgo de discriminación, en el que la autoridad administrativa o jurisdiccional solo se queda a lo que está establecido en la ley, por lo que la perspectiva de género invita a ampliar el andamiaje, para probar los casos e investigarlo.
También habló sobre las formas en las que los organismos no jurisdiccionales, como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, puede intervenir en casos de discriminación hacia la población LGBTTTIQA+. Sin embargo, compartió su preocupación sobre los datos que arrojan encuestas en México y Quintana Roo, como que 8 de cada 10 personas no permitirían que una persona de la diversidad sexual o no heterosexual, viva o compartan con ellas espacios privados o públicos. Otra cifra todavía más sorprendente es sobre la esperanza de vida de las personas transexuales, y más de las mujeres transexuales, pues esta sólo es de 35 años. Lo anterior pone en evidencia el trabajo que todavía falta hacer para el respeto a los derechos humanos de este sector poblacional.
