El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para emitir medidas cautelares por la distribución masiva de los llamados “acordeones” —materiales impresos con presunto contenido proselitista— que han comenzado a circular en diversos puntos del país, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario Federal 2024-2025.

El Consejo General del INE discutirá un proyecto que propone la emisión de medidas cautelares de tipo inhibitorias, al detectar la presunta comisión de conductas antijurídicas vinculadas a estos materiales. El objetivo es evitar su continuidad y repetición en los próximos días, especialmente ante la cercanía del periodo de veda electoral y la Jornada Electoral.

“Este Consejo General considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria […] a fin de que no se transgredan de modo irreparable los derechos y principios constitucionales”, señala el proyecto que será discutido.

Las medidas se derivan de dos denuncias principales: una dirigida contra Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León, que incluye al gobernador Samuel García y otras personas, y una segunda contra Lenia Batres, actual ministra de la Suprema Corte, junto con otros individuos mencionados en los materiales repartidos.

De aprobarse el proyecto, el INE ordenará a todos los actores involucrados en la elaboración y distribución de los “acordeones” —o cualquier otro material similar que induzca el voto— abstenerse de seguir produciéndolos o difundiéndolos.

El documento advierte que este tipo de propaganda está prohibida durante la etapa de campaña cuando es realizada por personas distintas a las candidaturas registradas, y completamente vetada durante el periodo de veda electoral y el día de la Jornada Electoral.

Las medidas buscan garantizar la equidad en la contienda y proteger los principios constitucionales que rigen el proceso electoral.

La discusión y eventual aprobación de este proyecto se dará a escasos días de la veda electoral, por lo que se espera que el INE emita una resolución que siente un precedente respecto a la legalidad de estas prácticas.

 

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