El colectivo Sélvame del Tren y más de 30 organizaciones civiles y ambientalistas de todo el país, advirtió que el proyecto de jurisprudencia impulsado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa una amenaza sin precedentes contra los derechos ciudadanos y ambientales en México.
La propuesta busca restringir el “interés legítimo” que actualmente permite a asociaciones civiles interponer amparos colectivos sin necesidad de demostrar afectaciones personales. Este mecanismo es clave para detener obras contaminantes, proteger selvas y garantizar el acceso al agua potable.
De aprobarse, las organizaciones tendrían que acreditar daños específicos a sus integrantes, lo que, según Sélvame del Tren, haría casi imposible defender los derechos colectivos y frenar actividades que dañen el entorno natural.
Alertó que esta medida socavaría la justicia ambiental y la participación ciudadana, debilitando la capacidad de la sociedad civil para cuestionar decisiones gubernamentales o empresariales que afecten el medio ambiente.
Además, advirtió que limitar los amparos ambientales agravaría problemas como la contaminación, el deterioro de los ecosistemas y la inseguridad hídrica.
Las organizaciones llamaron a la sociedad mexicana a rechazar la propuesta y defender el derecho constitucional a un medio ambiente sano.
Consideraron que lo que está en juego “no es solo un criterio jurídico, sino la posibilidad de que los ciudadanos sigan siendo guardianes de su entorno”.
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