Después de que fue señalada en 2018 por presunto peculado durante el gobierno de Félix González Canto y de librar la acusación debido a que el delito prescribió, la exfuncionaria del desaparecido Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE), Gina Patricia Ortiz Blanco, obtuvo autorización ambiental para construir dos residencias frente al mar en la isla de Cozumel.
El proyecto, denominado Casa Zama Norte y Casa Zama Sur, fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el pasado 5 de agosto de 2026, luego de que Ortiz Blanco inició los trámites el 11 de noviembre de 2025.
Las dos viviendas serán construidas en un predio de 583.64 metros cuadrados, ubicado a la altura del kilómetro 1+530 de la Carretera Costera Norte de Cozumel, a unos 1.53 kilómetros del centro de la ciudad.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se trata de dos casas residenciales unifamiliares de tres niveles cada una. El proyecto contempla aprovechar 267.689 metros cuadrados del terreno, mientras que 315.951 metros cuadrados permanecerán como áreas verdes.
La autorización ambiental establece, entre otras condiciones, que la promovente deberá presentar un programa de educación ambiental aplicable durante las distintas etapas del proyecto.
En materia de residuos, la documentación señala que los materiales reciclables serán separados y entregados al Centro de Almacenamiento de Materiales Reciclables del Ayuntamiento de Cozumel (CAMAR). Mientras que los desechos restantes serán recolectados por la empresa concesionaria PASA para su traslado al relleno sanitario de la isla.
La autorización ambiental tiene un plazo para la realización del proyecto de cuatro a 60 años, según la documentación presentada ante la Semarnat.
No tendría fines comerciales
La MIA identifica como promovente a Ortiz Blanco y establece que el objetivo del proyecto es satisfacer las necesidades de vivienda de ella y su familia, por lo que las residencias no tendrían fines comerciales.
La construcción de las dos casas ocurre años después de que Ortiz Blanco enfrentara un proceso penal por su desempeño como directora del IPAE durante la administración de González Canto (2005-2011).
La exfuncionaria fue acusada en marzo de 2018 por la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), que presentó la denuncia por la presunta venta irregular de 11 predios e inmuebles propiedad del Gobierno de Quintana Roo, cuyo valor en conjunto superó los 53 millones de pesos. Y derivó en la emisión de una orden de aprehensión en su contra el 27 de abril de 2018.
En mayo de 2018, un juez de control la vinculó a proceso y le impuso medidas cautelares. Sin embargo, en julio de ese mismo año, el juez Primero de Distrito en Quintana Roo le concedió un amparo y ordenó retirar los cargos.
Prescribió el delito
La resolución determinó que la responsabilidad penal había prescrito, debido a que habían transcurrido siete años desde que Ortiz Blanco dejó el cargo en 2011, superando el plazo establecido en el Código Penal.
Así, aunque la acusación no derivó en una sentencia por peculado, el episodio quedó asociado a la gestión de quien ahora impulsa la construcción de dos residencias de tres niveles en un predio costero de Cozumel.
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