Campeche, Quintana Roo y Yucatán concentran casi la mitad del total de las personas o funcionarios públicos que han incurrido en el país en violencia política hacia la mujer y que han sido sancionados.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que publica el Instituto Nacional Electoral (INE) aparece un total de 21 personas que recibieron amonestaciones o multas económicas. Y sus nombres permanecerán ahí por un lapso de tres a seis años, dependiendo de la gravedad del caso.
Campeche tiene 5, Quintana Roo 3 y Yucatán 2. Mientras que Veracruz tiene el registro más alto con 7 personas sancionadas. Mientras que Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sonora aparecen con una cada uno.
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Precisa el INE que de las 21 personas sancionadas, cuatro son mujeres (19.05%) y 17 son varones (80.95%). Y ninguno de los que aparecen tienen posibilidad de contender por un cargo de elección popular.
Las conductas más recurrentes fueron: Distribución de volantes para denostar; publicaciones en Facebook o Whatsapp que divulgan audios o conversaciones para denostar el trabajo de la víctima que ejerce un cargo partidista. O bien, la regidora no fue convocada ni recibió la documentación completa para analizar determinados temas en el Cabildo. La publicación de notas periodísticas para atacar a determinadas mujeres. La reducción de remuneraciones y además la obligación a donar parte de su sueldo. E incitar al odio, principalmente.
Caso QRoo
En este Registro, en el caso de Quintana Roo, las tres personas sancionadas (dos ciudadanos y un exfuncionario municipal) corresponden a un solo caso, el de Atenea Gómez Ricalde.
Se trata de Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc, ambos habitantes de Puerto Morelos y Merced Ortiz Maya, servidor público. El expediente inició en el Instituto Electoral de Quintana Roo IEQROO/CG/R-020-2020. Por la distribución de volantes o flayers con publicidad sexual que atentaba contra la vida privada de la víctima.
El 3 de junio de 2019, Gómez Ricalde, candidata a diputada local de la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” presentó la queja ante el órgano electoral por la difusión dichos volantes. El caso fue resuelto a favor de la hoy diputada el 30 de octubre de 2020.
