El conflicto con Aguakan sube de tono y la postura de la gobernadora, Mara Lezama, contó con el total respaldo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
A través de su programa: La voz del pueblo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, agradeció el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, con respecto a la concesión del agua en Quintana Roo. “Fue categórica en su respuesta y yo coincido: el agua no es un privilegio, el agua es un derecho y la respuesta la tiene la gente”, dijo al aire y consultó: “¿están de acuerdo con el servicio que da la concesionaria, con lo que cobran, cuando en las zonas más alejadas no llega el agua, el trato que dan?”.
Y las respuestas que llegaron de manera inmediata a su plataforma dan cuenta de los múltiples abusos de la concesionaria, que ha filtrado a la prensa nacional información imprecisa, sobre una posible entrega del servicio a otra empresa transnacional, Acciona, cuyos representantes ya incluso han salido a desmentir su presunta participación en Quintana Roo.
Lo que le duele al pueblo
Con un tono de indignación, la primera mandataria aseguró que para entender lo que duele al pueblo, “hay que caminar con el pueblo; hay que sentir lo que siente, hay que tomarlo de la mano, atender sus necesidades, sus flagelos, sus dolores y darles solución”.
Seguidamente explicó que la empresa decide cuánto cobra por el servicio y es la responsable de medir cuántos metros cúbicos cobra. “Y ustedes díganme si les cobra lo justo, si consumen eso que te ponen en tu recibo. Que no les quieran engañar, el pueblo no es tonto y no lo pueden engañar”.
Con relación a las notas que la empresa ha filtrado a la prensa nacional, respondió (por Aguakan) que a través de comunicados intentaron permear información falsa, “pero que le pregunten al pueblo, que vayan a las colonias, que vayan a las casas en donde abres la llave y solo sale aire, pero el recibo sí llega oneroso”.
“Que sea el pueblo el que hable”
Parafraseando los fundamentos de Morena, aseguró que su gobierno no roba no miente y no traiciona al pueblo. “Yo salgo a la calle todos los días a dar la cara, a ver de frente a las y los quintanarroenses. Este gobierno no se vende y no titubea cuando tiene que defender al pueblo. Y si en el pasado vendieron sus conciencias, no les importó el pueblo y no tuvieron los pantalones para defender al pueblo, eso es cosa del pasado. Somos un gobierno diferente, que te defiende, que sí te escucha, vamos a sacar la casta por ti. Que sea el pueblo el que hable”.
COMUNICADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO:
“Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales”
La concesión que fue otorgada en los años 90´s fue prorrogada ilícitamente en 2014, hasta el 2053 y ampliada a un municipio adicional (Solidaridad).
* Derivado de lo anterior, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, misma que después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, determinó que existían elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC.
* El Juez Federal competente determinó que existen datos de prueba que demuestran el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, toda vez que el 5 de diciembre de 2014, directivos de la empresa gestionaron de manera ilícita por 30 años más la prórroga de la concesión a cambio del pago de $1,055 millones de pesos, toda vez que el Gobierno del Estado no tenía facultades para obligarse a gestionar una prórroga y ampliación de una concesión en esa materia, lo cual corresponde única y exclusivamente a los Municipios y al Congreso del Estado. Que como resultado de la gestión ilícita con posterioridad y sin seguir los procedimientos de ley, continuaron con esta ilegalidad generando ganancias multimillonarias para dicha empresa sin que se vean reflejadas con la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía
*Derivado de los hechos anteriores y como es del conocimiento público, UN JUEZ FEDERAL LIBRÓ ÓRDENES DE APREHENSIÓN al encontrar elementos suficientes, POR LOS DELITOS DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y PROMOCIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRA DE DIRECTIVOS DE AGUAKÁN.
* Por lo que respecta a los temas de salud y afectación al medio ambiente, de las y los quintanarroenses, que derivan de la explotación ilícita de la concesión, la Comisión Nacional del Agua, CAPA, así como epidemiólogos del IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud y laboratorios especializados, llevaron a cabo diversos muestreos de agua potable en escuelas, hospitales, iglesias, hogares y plantas de tratamiento de agua residual, operadas por la concesionaria DHC, obteniendo como resultado afectaciones sanitarias y ambientales muy graves, como las siguientes:
*Se detectó en el agua potable la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos.
* Por lo que hace a las aguas residuales se detectaron elementos que superan los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, al contener E-coli y coliformes fecales muy por arriba de los niveles permitidos, los que, en esas condiciones, una vez devueltas al ecosistema y al ser inyectados al manto freático, generan un daño irreversible al medio ambiente.
* Por otro lado, de forma facciosa y parcial, se ha difundido un encuentro entre representantes de DHC y representantes del Gobierno del Estado, a lo cual se señala lo siguiente:
La reunión se celebró a petición de la propia DHC y el Gobierno del Estado accedió a ésta, teniendo como premisa fundamental el argumento de una posible afectación al público inversionista de la AFORES.
Dicha reunión se efectuó estando presentes abogados del Estado y asesores jurídicos de los Ayuntamientos, encabezados por el director general de CAPA.
Las acciones que el Gobierno del Estado ha emprendido en ningún momento han implicado acoso ni acuerdo alguno. Lo que nos llevó a dicha reunión fue la salvaguarda de parte del Estado de las inversiones de las Afores y de los derechos laborales de las y los trabajadores.
En el único momento que se habló de montos, fue para determinar el valor de las inversiones en activos y garantizar los derechos de las y los trabajadores.
Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el Estado adquiriera a AGUAKAN, a lo que CATEGÓRICAMENTE se les respondió que NO, que la concesión debía terminar.
El actuar de la autoridad, por la vía legal, de ninguna manera constituye un riesgo a la inversión privada y mucho menos a las Afores, por el contrario, dichos inversionistas son posibles víctimas de los hechos realizados por ciertos accionistas y administradores de DHC quienes desplegaron conductas ilícitas tanto para la prórroga y ampliación de la concesión referida, como en el deficiente servicio que prestan a las y los quintanarroenses.
