Una proporción de los 8.9 mdp etiquetados para la instalación de ejercitadores en Benito Juárez será desperdiciado por una mala planeación y por la prisa que tiene la actual administración de hacer “negocios”.
El presidente de la asociación Ombligo Verde A.C., Tulio Arroyo Marroquín, explicó que la instalación de los ejercitadores se hizo sin consultar a los ciudadanos y por eso, surgió rechazo en la SM 2A, que desde el trazo del proyecto reunió firmas para enviarlas junto con una carta para sustentar su inconformidad.
Al igual que en la Supermanzana 33, porque los vecinos al ver también la ejecución del proyecto manifestaron desaprobación, porque se hizo sobre la ciclopista que da hacia la avenida La Costa y bloquea el paso de los deportistas.
“Ni se dieron cuenta que inutilizaban ciclopista, porque lo que les interesa es el negocio, porque les conviene que alguien haga la instalación y cobra, así es como se maneja; no se dieron cuenta que era ciclopista, son corruptos e incapaces”, afirmó.
El activista explicó que ya solicitaron al gobierno municipal que retire los ejercitadores y reconstruya la ciclopista tal y como estaba antes de iniciar esta obra; y si no lo hace, hay los medios legales para obligar al gobierno municipal para que lo haga.
Hace 15 días que se percataron del proyecto enviaron un escrito a la Secretaría de la Función Pública, porque se trata de recursos federales, y ésta los remitió con la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes).
La obra se ejecuta con recursos del Fondo “Proyectos de Desarrollo Regional (D) Ejercicio 2017” y consta de la colocación de 13 ejercitadores en las supermanzanas: 62, 69, 23, 25, 2A, 3, 29, 30, 33 y en las regiones 228, 237, 68 y 232. La inversión es de 8.9 millones de pesos para beneficiar a siete mil 304 habitantes.
Arroyo Marroquín indicó que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que encabeza, Roger Espinosa, tiene prisa en ejecutar la obra porque a finales de septiembre concluye la actual administración y por eso, ni siquiera consultó a los ciudadanos, además de que como ha ocurrido en otras obras, presume que hay ciertos «negocios» entre la Secretaría de Obras y las empresas que ejecutan los proyectos.
