Ante las crecientes denuncias de ventas irregulares de terrenos que se han suscitado en zonas del municipio, la presidente municipal, Mara Lezama, se refirió a este tema durante la presentación del programa “Tierra de todos”, donde aseguró que los tres niveles de gobierno están trabajando en una estrategia conjunta para evitar estas situaciones.
“Hoy por hoy vamos en las 127 zonas irregulares. Por gente que les han permitido y les han dado licencia y han desmontado. Yo les digo: nunca más”, sentenció la edil, luego de afirmar que espera solucionar este flagelo antes de concluir su administración.
Aseguró estar consciente del nivel de la problemática, ya que la gente que compra lotes sin servicios tiene que acarrear agua desde zonas lejanas, además de que está expuesta a la delincuencia por la falta de alumbrado público y a las enfermedades por la ausencia de drenaje y agua potable.
En días pasados, el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Hugo Alday Nieto, informó sobre los operativos que se encuentran realizando, en conjunto con el Gobierno del Estado, para evitar la proliferación de estas zonas, dado que hay oficinas de bienes raíces que venden terrenos sin certeza jurídica, ya que no se encuentran fraccionados conforme a la ley.
Sobre estos operativos, el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara, indicó que se han clausurado alrededor de 14 desarrollos irregulares en una primer zona de actuación ubicada dentro del triángulo formado por las avenidas López Portillo, Huayacán y el libramiento que sale por detrás del Aeropuerto, que es ejido Alfredo V. Bonfil.
Muchas de estas lotificaciones no tienen permisos ni de Desarrollo Urbano, Ecología o de alguna autoridad municipal o estatal, situación que empeora cuando se comercializan, pues la gente empieza a habitarlos sin drenaje, agua potable y otros servicios públicos, lo cual también se convierte en un problema social y ecológico.
Según explicó Alday Nieto, el problema comienza cuando los desarrolladores hacen fraccionamientos dentro de terrenos que ya no tienen naturaleza agraria, es decir, están inscritos en el Registro Público de la Propiedad y son considerados propiedad privada. Lo anterior impide, jurídicamente, que el Ayuntamiento pueda entrar para poner servicios públicos.
El funcionario reveló que ya detectaron a una empresa que ha sido la principal comercializadora de estos predios de forma ilegal: Amistad Bienes Raíces, la que habría incurrido en fraude y delitos contra el desarrollo urbano.
