Ahora con tráileres, lujo de violencia y nuevas amenazas, un grupo de personas armadas tomó nuevamente predios que pertenecen al rancho Cinco Hermanos, en Bacalar, como lo había denunciado uno de los propietarios a Grupo Pirámide días atrás.

El 11 de enero pasado un grupo de individuos llegó para amenazar al vigilante de los predios: “No queremos ver a nadie cuando volvamos”, dijeron y cumplieron. El 1 de febrero llegaron alrededor de 40 personas, algunas con armas de fuego, en dos tráileres encabezados por Samuel Aguilar. Los propietarios del terreno llamaron rápidamente al 911 y la respuesta fue inmediata. Como el número de las fuerzas policíacas municipales era inferior, tuvo que intervenir la Policía Ministerial, que habría llevado dos autos incautados.

Por la vía de la fuerza

Pocos minutos después, llegó José Osvaldo Morales Correa, quien se ostenta como propietario, pero sólo pudo exhibir un amparo. Uno de los propietarios, que por el tenor de las amenazas no quiere revelar su nombre, dijo que ellos tienen los títulos de propiedad y que esta gente quiere adjudicarse los terrenos por la vía de la fuerza.
Cuando el ambiente se puso tenso por conatos de violencia, Aguilar dijo que contaba con el apoyo del Gobernador, Carlos Joaquín y que además, a todos los extranjeros que tengan tierras se las iban a quitar, “porque López Obrador se las va a dar s los pobres”, argumentó.
Evitó policía enfrentamiento
“La Sedatu no ha resuelto nada, y debe tomar cartas por todas estas irregularidades”, dijo uno de los testigos, que describió que los ocupantes comenzaron a apedrear a las patrullas y enseñaron las armas para amedrentar. “La policía determinó no enfrentarlos para evitar daños mayores. Lo que quedó claro es que la actitud de la gente, que no va con la ley, es imponer la Ley y quieren hacerse de tierras bajo la impunidad está privando en todo esto”, se quejan los damnificados.
Llamado al gobernador
Con documentos en su poder, los perjudicados hacen un llamado al gobernador para que atienda este asunto, así como también a las autoridades federales. “Hay una ausencia total de autoridad y de certeza jurídica”, dijo uno de los legítimos propietarios. “Lo que pido es que se regrese el estado de derecho; y los que dicen que son los dueños, que lo prueben en juicio y no con las armas”.
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