El Tren Maya continúa generando pérdidas que se traducen en una mayor carga para las finanzas públicas y, en consecuencia, para los contribuyentes mexicanos. Al cierre de septiembre, el proyecto acumulaba adeudos con proveedores y empleados por 2 mil 470 millones de pesos, un incremento de 298% respecto a enero de este año, cuando la deuda era de 620 millones de pesos.
Desde que inició operaciones en diciembre de 2023, el ferrocarril —administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional— ha requerido subsidios constantes del Gobierno federal para mantenerse en funcionamiento.
A pesar de las solicitudes de información, la empresa no explicó las razones del aumento de su deuda ni si necesitará mayores recursos públicos.
Organizaciones como el IMCO, Fundar y Greenpeace advierten que el proyecto arrastra sobrecostos, irregularidades ambientales y un manejo opaco de recursos, ya que información clave sobre impacto y viabilidad se mantiene reservada.
Académicos y especialistas coinciden en que se trata de una obra financiada con dinero público pese a que, desde su concepción, se conocía que no sería rentable.
Mientras el costo original estimado superó con creces los 120 mil millones de pesos iniciales y hoy podría rondar los 500 mil millones, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado irregularidades por al menos 3 mil millones de pesos entre 2023 y 2024.
Expertos señalan que, aun con subsidios elevados, el Tren Maya ya presenta deudas y requerirá apoyos federales permanentes para operar.
Aunque el gobierno federal destaca el cumplimiento de metas de usuarios, con un promedio mensual de 100 mil pasajeros en la primera mitad de 2025, el propio director del proyecto reconoció que el transporte de pasajeros no es rentable y que la viabilidad dependerá del servicio de carga, previsto para 2026.
Hasta entonces, el Tren Maya representa un gasto continuo para el erario y una pérdida sostenida asumida por los mexicanos vía impuestos. (Con información de El Universal)
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