En lo que va de 2019, suman un total de 703 quejas que ha recibido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), de las cuales, el 74 por ciento se concentra en tres municipios de la entidad, según datos del ombudsman estatal, Marco Antonio Toh Euán.
Benito Juárez suma 216 quejas, Othón P. Blanco, cuenta con 185 casos y Solidaridad con 122 denuncias. Destacan temas de detención arbitraria, trato cruel y/o degradante y violación de los derechos de los niños a que se proteja su integridad.
Respecto a las instituciones sobre quienes pesan la mayoría de las denuncias sobresalen la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, seguidas por los diferentes agentes municipales. El año pasado también ocuparon los primeros lugares.
“Hay muchas razones, pero no perdamos de vista que son los servicios más demandados: salud, seguridad pública y educación”, apuntó el titular de la CDHEQROO.
Afortunadamente, señaló, se está combatiendo el fuerte rezago con el que recibió la Comisión, lo cual les ha permitido resolver un 95 por ciento de las denuncias ciudadanas, gracias a la creación de una dirección de proyectos, recomendaciones y seguimiento de quejas.
En este sentido, resaltó que anteriormente se hacían alrededor de 18 recomendaciones por año y, hasta el 10 de junio de 2019, la oficina a su cargo ha emitido ya 13 de estos documentos, a los cuales se les está dando puntual seguimiento.
Encabeza Fiscalía quejas de periodistas
En el marco de la disculpa pública al periodista Luciano Núñez, director de esta casa editorial, el ombudsman estatal apuntó que, a la fecha, se trabaja en seis casos documentados de quejas por parte de comunicadores, de los cuales, cuatro se refieren a inactividad por parte de la Fiscalía General del Estado, ya sea por dilación, mala integración de expedientes o no tomar medidas cautelares a tiempo.
“Han sido por inactuación por parte de la Fiscalía en cuanto un periodista acude ante ellos y son llevadas las medidas o cuando les toca acompañarlos ante el mecanismo de protección. Estamos en trámite, el año pasado resolvimos como cinco” dijo el abogado.
Igualmente, lamentó la falta de un mecanismo estatal, cimentado en una ley de protección a periodistas que no se ha podido implementar en la entidad, por lo que la Comisión a su cargo trabaja contactando directamente a la víctima con el mecanismo federal.
