En su primera sesión después del receso que se tomó la XVI Legislatura por la contingencia sanitaria, el Congreso de Quintana Roo emitió dos acuerdos relativos a los cortes de suministro de energía eléctrica y a la protección del empleo en la entidad.
En el primer caso, promovido por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), se exhortó a la CFE a que, «de manera urgente e inmediata, suspenda toda la orden de corte del suministro de la energía eléctrica en la entidad».
La propuesta, explican los diputados, apela al artículo 4 de la Ley de la CFE, donde se establece que dicho organismo debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y con responsabilidad social; son estos dos últimos puntos los que destacan para sustentarla.
En este sentido, las y los diputados reconocen el esfuerzo del Gobierno de Quintana Roo, que subsidió el pago del 50 por ciento del consumo de energía eléctrica a más de 500 mil familias que consumieron hasta 250 kilowatts durante el mes de abril.
«No se está pidiendo que se condone el pago, sino sensibilidad humana en respuesta a que muchas familias se están quedando en casa acatando las recomendaciones del gobierno federal», por lo que consumen mucha más energía, detallaron.
Por lo anterior, se emitieron cuatro acuerdos: el primero llama a suspender toda orden de corte y los últimos tres son relativos a la autorización de convenios de pago en parcialidades durante los meses que dure la emergencia sanitaria a ciudadanos que hayan dejado de tener ingresos, a ciudadanos dentro grupos vulnerables y a asociaciones civiles y micro, pequeñas y medianas empresas que hayan caído en la insolvencia.
El documento fue signado por las diputadas Atenea Gómez Ricalde, Lili Campos Miranda, Cristina Tórres Gómez y Eduardo Martínez Arcila. Igualmente, otro acuerdo del diputado morenista Édgar Gasca, se suma a la petición a la paraestatal de energía eléctrica.
Derechos laborales
Otro de los acuerdos emitidos por las y los legisladores responde a las afectaciones económicas que ha sufrido Quintana Roo a partir de la emergencia sanitaria, que ha limitado la llegada de turistas nacionales extranjeros a esta entidad con principal vocación turística.
Esto, aunado a que el aislamiento social ha deteriorado en gran medida el comercio y la prestación de servicios; lo que ha llevado a la pérdida de 80 mil empleos, es decir, casi el 22 por ciento de todos los empleos que tenía el estado, recuerda el documento.
Por lo anterior, «se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, tenga a bien ejecutar las acciones pertinentes para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del estado de Quintana Roo, esto en cosideración a los múltiples despidos que se están llevando a cabo en esta entidad federativa», apunta el acuerdo.
En este sentido, pide que la dependencia estatal tenga a bien implementar acciones para que que los trabajadores cuenten con la totalidad de sus prestaciones de Ley si llegaran a ser sujeto de un despido injustificado, así como las prestaciones de Ley que les corresponden derivado del ejercicio de sus labores.
La propuesta fue emitida por el diputado morenista Alberto Batún Chulim, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.
