Los Juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo admitieron tres demandas de amparo contra la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado de Quintana Roo (SEMA) debido a su constante omisión en la apertura de consultas públicas y su falta de transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental.
Estas acciones buscan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidos el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información y a la participación pública, señala en un comunicado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
Conducta reiterada
Luego de que en 2019 la SEMA negó el acceso a los listados de solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental de competencia estatal, contraviniendo la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo (LEEPA), Cemda presentó un amparo indirecto contra la SEMA por esta omisión, obteniendo una sentencia favorable en marzo de 2022.
A pesar de esta resolución, la Secretaría no ha cumplido de manera efectiva con sus obligaciones, lo que llevó a la creación de mesas de trabajo en colaboración con Ciudadan@s por la Transparencia en diciembre de ese mismo 2019.
“Aunque se logró un avance en la publicación de los listados, estos siguen siendo incompletos y deficientes y la apertura de consultas públicas continúa siendo un proceso opaco y arbitrario”, señalaron las organizaciones.
Y en lo que va de este año, la SEMA continuó con prácticas que contravienen las disposiciones legales establecidas en la LEEPA, incluyendo la omisión de respuesta a solicitudes de consulta pública y la negativa a abrir espacios para la participación ciudadana en proyectos de alto impacto ambiental en municipios como Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
El acceso a la información y la participación pública en temas ambientales son derechos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como nacional.
Derechos consagrados
Estos derechos están consagrados en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Principio 10 de la Declaración de Río.
México, como parte del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), está comprometido a garantizar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones ambientales, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, en cumplimiento del artículo 4 de la Constitución Mexicana.
Las demandas de amparo presentadas buscan remediar estas violaciones y asegurar que se respeten los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y el debido proceso en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
La constante opacidad y obstrucción por parte de la SEMA no solo viola la ley, sino que también pone en riesgo el equilibrio ecológico y el bienestar de la población.
Por lo que CEMDA hizo un llamado al Poder Judicial a garantizar los derechos humanos de la población en Quintana Roo.
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