La reapertura de Malecón Tajamar cambia de fecha, en tanto, el Cabildo convocará a la creación de un comité integrado por ciudadanos para definir qué actividades se podrán llevar a cabo y administre el lugar.
Al terminar el encuentro privado, los activistas explicaron que estuvieron presentes los que iniciaron juicios o quejas para proteger Malecón Tajamar y le informaron a la presidente, Mara Lezama Espinosa el estado que guarda cada uno.
Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), informó que aún no hay una fecha definitiva para la reapertura de Malecón Tajamar. Inicialmente se mencionó que sería el 19 de febrero, pero depende de que la autoridad municipal logre concluir algunos arreglos con Fonatur para realizar ese trabajo.
Tentativamente, el 23 de febrero estará abierta la Rambla –la vialidad principal-, luego de que desde enero de 2016 quedó cerrado el lugar porque ingresó maquinaria pesada y arrasó con vegetación y animales con objeto de iniciar las obras de construcción en este predio de 74.24 hectáreas en el que 22 empresas pretendían desarrollar plazas comerciales, hoteles, residencias, una catedral y comercios.
“No puede darse la fecha porque ella (Mara Lezama) tiene qué hacer arreglos con Fonatur para poder establecer la fecha, calculamos que podría ser el 23, pero no queda en firme hasta que ella termine todos los arreglos con la Federación”, dijo Domínguez Rodríguez. Y en este sentido, la regidora Anahí González Hernández, presidenta de la Comisión de Ecología y Turismo, añadió que aún está amarrando algunos detalles con el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
Otro de los puntos de acuerdo, dijo Roberto Villalobos, integrante de Por un Mejor Quintana Roo, es que un comité ciudadano “administre” Malecón Tajamar y desde éste se proponga la realización de actividades culturales, deportivas y sociales en coordinación con el Ayuntamiento.
Malecón Tajamar es un proyecto desarrollado desde 1992 por Fonatur, los diversos predios fueron adquiridos por 22 empresas y debido a que prácticamente ya fue cancelado y no hay recursos legales pendientes, ahora corresponderá a dicha dependencia devolver el dinero que pagaron las empresas.
A este encuentro acudieron siete activistas y la directora Regional Oficina Sureste del Centro de Derecho Ambiental, María del Pilar Diez Hidalgo.
