De acuerdo con el gobierno estatal, el daño a las víctimas ya fue reparado.
Cancún, Quintana Roo. – Las organizaciones Amnistía Internacional (AI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Comité de Víctimas 9N, acusaron que el gobierno estatal de no firmar el acuerdo de reparación integral del daño para las personas que fueron víctimas de represión policial el 9 de noviembre de 2020, en Cancún.
Con ello, el gobierno de Quintana Roo incumple con los acuerdos concretados en las mesas mensuales de trabajo conjunto, pactadas desde el 8 de abril de 2022, agregaron las organizaciones.
El posicionamiento del gobierno estatal ante las demandas fue dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos, Elías Antonio Prado Laguardia, según AI, a través de un comunicado.
De acuerdo con la agenda de trabajo, la propuesta de reparación integral del daño se enviaría el lunes 8 de agosto de 2022 a las autoridades que participan en el proceso de reparación integral del daño causado, luego de que el 9 de noviembre de 2020 la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez fue desalojada a balazos por elementos de la policía.
Argumentan que ya se reparó el daño
Sin embargo, el funcionario manifestó la decisión del gobierno de Quintana Roo de no firmar el acuerdo durante la mesa de trabajo que se realizó de manera virtual el 11 de julio de 2022, bajo el argumento de que ya se había efectuado una reparación del daño.
En respuesta, si bien las ONG’s reconocen que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal dio por cumplida la Recomendación CDHEQROO/20/2020/II que emitió sobre el caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), tanto el Comité de Víctimas 9N y la CMDPDH (que litiga el caso) promovieron un recurso de amparo, así como un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH).
Esto, debido a que dicha recomendación no cumple con los estándares establecidos en materia de reparación integral del daño por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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Tampoco se cumplen con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, establecen la obligación de las autoridades de incorporar activamente a las víctimas en todas y cada una de las decisiones y acciones relativas a la reparación integral del daño.
Por lo anterior, Amnistía Internacional, la CMDPDH y el Comité de Víctimas 9N, pidieron al actual gobierno de Quintana Roo a cumplir con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas de trabajo conjunto.
También pidieron a la recién electa gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a su gabinete, a las próximas personas titulares de la Fiscalía General del Estado, de la CEAVEQROO y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y a la próxima presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de Peña, para resarcir la deuda que se tiene con las personas del Comité de Víctimas 9N, quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos y violencia institucional.
