La activista, periodista y abogada Fabiola Cortés Miranda, quien presentó una de las denuncias contra el exgobernador priista Roberto Borge Angulo, afirmó que, pese a haber impulsado el caso desde sus inicios, nunca tuvo acceso a la carpeta de investigación ni a los expedientes judiciales relacionados con el proceso penal que enfrenta el exmandatario.
Luego de que trascendiera que un juez federal determinó que la Fiscalía General de la República no acreditó la responsabilidad penal de Borge Angulo en uno de los procesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en Quintana Roo, Cortés Miranda sostuvo que el caso ha estado marcado más por factores políticos que estrictamente legales.
La abogada señaló que el cambio de medida cautelar que permitiría al exgobernador acceder a prisión domiciliaria no le sorprende y dijo estar de acuerdo con esa determinación, al considerar que las medidas cautelares deben ser las menos lesivas posibles para quienes enfrentan un proceso penal.
“Estoy en contra de la prisión oficiosa y me parece que todas las personas tienen derecho a una medida cautelar menos restrictiva, incluso en delitos considerados graves”, expresó, al precisar que su postura no implica una defensa del exmandatario, sino una posición jurídica sobre el sistema penal.
Sin embargo, lamentó la falta de transparencia en el caso y afirmó que ni siquiera en calidad de denunciante ha podido conocer el contenido de los expedientes.
Recordó que la organización “Somos Tus Ojos” participó al inicio del proceso aportando información y datos a la Fiscalía, además de haber revelado parte de los hechos que derivaron en la imputación contra Borge. Pero posteriormente quedó excluida del seguimiento judicial.
“Jamás volvimos a tener acceso a un expediente”, señaló Cortés Miranda, al cuestionar que en México los procesos judiciales relacionados con personajes públicos suelen mantenerse cerrados y condicionados por intereses políticos. Añadió que, debido a la sede donde se desarrolla el juicio, nunca ha podido asistir a las audiencias del exgobernador.
Intereses detrás
Por otra parte, el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, consideró controversial la decisión judicial, al señalar que si la Fiscalía no logró acreditar los elementos del caso después de varios años de investigación, se abre un cuestionamiento sobre la solidez de las pruebas presentadas y el manejo institucional del proceso.
«Todo esto lleva evidentemente a suponer que existen intereses atrás de estas decisiones, que esperemos la Fiscalía General de la República venga ya nuevamente la presentación de las pruebas para saber si este juez se extralimitó en esa función de determinar que estaba en posibilidad de darle la prisión domiciliaria», dijo.
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