La idea es que las autoridades municipales quintanarroenses, campechanas y yucatecas, atiendan de manera coordinada a esas comunidades, bajo la figura legal de derecho público, conocida como asociación intermunicipal.
Por Ignacio Alonso Velasco
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que se encarga de medir la pobreza en México para permitir mejorar la toma de decisión en materia de política social.
Esta insitución elabora una cartografía en la que, por medio de diferentes tonalidades, señala en nivel de pobreza que existe en los diferentes municipios del país. Cuanto más oscuro es el color, mayor es el índice de necesidad económica del lugar. Estos indicadores se actualizan cada lustro y pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Ss34DW
Pues bien, revisando el mapa del 2015 comprobamos que todos los municipios insertos en el conflicto limítrofe que existe en la Península de Yucatán presentaban niveles altos y muy altos de pobreza, excepto dos, Othón P. Blanco y Tekax, como pueden observar en la Figura 1.
Actualmente, con base en datos del 2020, si volvemos a consultar los índicadores de pobreza en los mismos municipios, podremos descubrir que todos ellos han incrementado su nivel de pobreza o, como mucho, han logrado mantenerse en la lamentable situación que presentaban hace cinco años. Absolutamente ninguno de los municipios objeto de estudio ha logrado mejorar su situación y ahora todos cuentan con altos y muy altos niveles de pobreza, a excepción de Othón P. Blanco, que pasó de un nivel bajo a uno medio (Figura 2).
Mientras las deplorables condiciones económicas de los pobladores de la zona bajo indeterminación jurisdiccional siguen empeorando, las autoridades y sus mapas siguen sin ponerse de acuerdo acerca de cuál es su territorio y qué localidades comprenden.
Como muestra les comparto este mapa elaborado por Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace una década. En la Figura 3 se puede observar que quedan fuera de la zona en conflicto, del lado de Quintana Roo localidades como Dos Aguadas, Icaiché y San Antonio Soda. Todas ellas son reclamadas en el discurso como suyas por parte de las autoridades campechanas y tienen nombrados en ellas delegados municipales. La última de las comunidades mencionadas en particular, cuenta con la carpeta básica del ejido en Campeche y para ellos se denomina Gustavo Díaz Ordaz, no San Antonio Soda.
Cada una de las entidades federativas enfrentadas en el conflicto limítrofe de la Península de Yucatán tiene sus propios argumentos de carácter histórico, geográfico, cartográfico, jurídico y político. De ellos depende el poder que las partes van adquiriendo en el sistema conflictual.
Tanto yucatecos como campechanos y quintanarroenses se expresan mutuo rechazo, como consecuencia de la desintegración regional que ha caracterizado a los Estados peninsulares, y se muestran reticentes ante los problemas de sus vecinos como si fueran entidades aisladas y no partes de la misma unidad geopolítica.
Mientras tanto, la SCJN sigue sin resolver la controversia constitucional que podría poner solución a la indefinición jurisdiccional de una gran extensión de territorio. Ante esta falta de decisión definitiva a las indefiniciones jurisdiccionales, es preciso buscar medidas a nivel estatal y municipal que palíen las consecuencias derivadas de esa ausencia de resolución, que están afectando a la población asentada en ese territorio en disputa.
Es por ello que aquí se propone la idea de que las autoridades de las administraciones municipales quintanarroenses, campechanas y yucatecas enfrentadas atiendan de manera coordinada a esas comunidades, bajo la figura legal de derecho público, conocida como asociación intermunicipal, la cual podría dar respuestas más eficientes a las necesidades de las localidades ubicadas en la zona limítrofe. Solo así se lograría la unidad política, económica y cultural de la región que el poder central estratégicamente dividió.
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