Por Ignacio Alonso Velasco
La procuración de justicia debería seguir mecanismos imparciales para resolver disputas. La justicia se debe aplicar de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que sean accesibles, cuenten con recursos suficientes y reflejen la composición de las comunidades en las que trabajan.
Sin embargo, de acuerdo con el último Índice de Estado de Derecho en México, publicado en este año 2024, Quintana Roo se encuentra en la posición 27 de un total de 32 entidades federativas en cuanto a la procuración de justicia penal se refiere y ocupa la última posición en justicia civil.
Los problemas que se han detectado para explicar tan malos puntajes son los siguientes:
En justicia penal:
La policía y el ministerio público no investigan los delitos de manera eficaz
Los sistemas de procuración y de impartición de justicia no son expeditos ni eficaces.
El sistema de justicia penal es parcial, es corrupto y carece de independencia.
El sistema penitenciario no garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad.
El debido proceso legal de las personas acusadas y los derechos de las víctimas no se garantizan efectivamente.
En justicia civil:
Las personas no pueden resolver sus problemas legales fácilmente debido a los altos costos y a los procesos altamente burocratizados.
Las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos no se ejecutan efectivamente.
El sistema de justicia civil no es expedito.
Las personas no tienen acceso a información y asesoría legal asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales o disputas.
Las personas no conocen sus derechos y desconfían en las instituciones del sistema de justicia civil.
Para mejorar a largo plazo estos pésimos indicadores será necesario realizar lo siguiente:
En justicia penal:
El sistema de procuración de justicia ha de ser efectivo a la hora de resolver delitos. Para ello se debe respetar el debido proceso.
Es necesario reducir los retrasos injustificados a la hora de procurar justicia por medio de una mayor eficiencia.
El sistema de procuración de justicia penal debe erradicar el uso de sobornos o de influencias indebidas de los poderes políticos, económicos o del crimen organizado para operar o para favorecer a alguna de las partes durante el proceso penal. Igualmente hay que eliminar esos sobornos o influencias durante los procesos de reclutamiento y ascenso del personal.
Se debe garantizar que haya condiciones de seguridad y gobernabilidad dentro del sistema penitenciario, así como el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad. También hay que enfrentar la corrupción y la falta de efectividad del sistema penitenciario en prevenir la reincidencia.
En lo que respecta a las personas acusadas, es necesario respetar la presunción de inocencia, el principio de igualdad en el proceso penal y la ausencia de discriminación. Hay que mejorar el trato que reciben las personas privadas de libertad, el derecho a una defensa adecuada y el derecho a un juicio público ante un juez competente e imparcial.
En cuanto a los derechos de las víctimas, es imprescindible procurarles atención médica y psicológica, asesoría jurídica, reparación del daño y protección. También hay que lograr la efectividad de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
En justicia civil:
Hay que reducir los costos de acceso al sistema de justicia civil y hacer menos complejos los requisitos y procedimientos por medio de la mejora regulatoria.
Es necesario que el sistema de justicia civil sea mucho más efectivo en resolver controversias. Para ello hay que lograr que las decisiones judiciales se ejecuten de forma adecuada y sin retrasos.
El sistema de justicia civil no ha de tener retrasos injustificados durante el proceso de tramitación y resolución de conflictos.
Se debe brindar asesoría legal adecuada, asequible y de calidad cuando las personas enfrentan problemas legales en materia civil o laboral. Se debe incluir la asistencia legal gratuita si carecen de medios para pagarla.
Es necesario informar a la población sobre cuáles son sus derechos, para que sepan qué hacer y a dónde acudir cuando enfrentan un problema legal de carácter civil.
Si se atienden estos focos rojos en el Plan Estratégico de Desarrollo de Quintana Roo que se está diseñando para el periodo 2025-2050 lograremos ir mejorando nuestra posición en los rankings y, lo más importante, contar con un adecuado sistema de procuración de justicia.
