Por Ignacio Alonso Velazco
Pareciera que sí, a pesar de que todos los que cuentan con la ciudadanía mexicana debiéramos ser iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, Constituciones Estatales, como la de Quintana Roo, así como muchas de las leyes que la desarrollan, parecen insistir en distinguir distintos tipos de mexicanos, entre los que son nacidos aquí y los que son naturalizados.
Apéndices para discriminar
El Artículo 35 de la Constitución Federal Mexicana regula los derechos de los ciudadanos mexicanos, entre los cuales se encuentra, en su fracción II, el de poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. De este apéndice final es de donde se agarran muchas leyes estatales para poder ejercer su discriminación por origen sobre los mexicanos naturalizados, al exigir como requisito ser nacido mexicano para poder ser electo para algún cargo político o ser designado para ocupar algún puesto de carácter funcionarial.
En la Constitución del Estado de Quintana Roo se exige ser oriundo de este país para poder ocupar la gubernatura, la titularidad de la Fiscalía General de Justicia, una magistratura del Tribunal Superior de Justicia o para ser miembro de un ayuntamiento (entiéndase por tal, presidencias municipales, sindicaturas o regidurías). Ese requisito no está presente en muchas otras constituciones locales. Por ejemplo, de los 32 Estados que forman parte de la República Mexicana, en 18 de ellos, no es necesario haber nacido en México para llegar a ser integrante del gobierno municipal, mientras que en 14 entidades sí lo es, entre ellas, las que componen la Península de Yucatán y el resto de Estados sureños, como lo son Tabasco y Chiapas. Por lo tanto, son más los estados que no son discriminatorios con los mexicanos nacidos en el extranjero, entre los que podemos destacar entidades ubicadas en la frontera norte, como son Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Leyes secundarias
La segregación no concluye con la ley suprema del Estado de Quintana Roo, si no que es reproducida en muchas de sus leyes secundarias. Haciendo una revisión a todas las leyes quintanarroenses, podemos hallar que en 14 de ellas se pide la oriundez mexicana para poder desempeñar 35 tipos de cargos diferentes, entre los que se pueden destacar la secretaría o la tesorería municipal, jueza o juez de primera instancia, la titularidad de la procuraduría de protección al ambiente o de la Auditoría Superior del Estado, una consejería electoral o una dirección de área en el Instituto Electoral o una magistratura en el Tribunal Electoral, entre muchos otros.
Derechos Humanos en Quintana Roo
¿Qué dice al respecto la institución encargada de proteger que no se vulneren los derechos humanos en Quintana Roo? Dicha Comisión cuenta con su propia ley, la cual es totalmente discriminatoria al requerir el ser mexicano por nacimiento no solo para poder ocupar la presidencia o la secretaría técnica de la Comisión o para ser miembros de su Consejo Consultivo, sino también para llegar a ser visitador, ya sea general o adjunto.
Ante este panorama resulta evidente que es necesario que los mexicanos naturalizados nos usamos para exigir que se nos respete nuestro derecho humano a no ser discriminados por nuestro origen nacional y así poder gozar de los mismos derechos políticos y laborales que aquéllos que son oriundos de este país.
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(*) Nacido en Madrid y naturalizado mexicano, es licenciado en Derecho y Maestro en Gestión y Análisis en Políticas Públicas, tanto en España como en México. Actualmente, realiza sus estudios de doctorado por medio de una beca Conacyt.
Docente de la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y presidente de la Asociación de Egresados del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, A. C. Es autor de numerosos artículos en revistas y publicaciones para la divulgación de la ciencia. Sus líneas de investigación son: geografía política, ciencia política, frontera y derechos humanos. Correo electrónico: velasco@uqroo.edu.mx
