Opinión | Cómo lograr el desarrollo sostenible en territorios con conflictos limítrofes

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Por Ignacio Alonso Velasco

 

Este artículo propone un modelo de asociación municipal que pueda favorecer un desarrollo sostenible de la región objeto de estudio, la cual, se encuentra inserta en una disputa territorial en la Península de Yucatán, México.

El texto forma parte del libro, Conflicto de Límites Territoriales en la Península de Yucatán, fruto de mi investigación doctoral, disponible en Vértice (ver liga abajo).

Desde que en 1902 se constituyera el Territorio Federal de Quintana Roo en la Península de Yucatán, México, existe un conflicto territorial entre los Estados allí localizados por no haber acuerdo acerca de los límites territoriales de la última entidad creada. Esta situación de conflicto, aunada a la inexistencia de un “modelo de gestión intermunicipal consistente” entre los municipios afectados, está originando ineficiencia y falta de respuestas oportunas ante los problemas que enfrenta la población de esta área rural y turística del estado mexicano, lo que, a su vez, está generando situaciones de “ausencia de estado” o de “intervención desordenada” del mismo.

Gobernanza, una forma eficaz

Con el propósito de diseñar un modelo de asociación para los municipios del caso de estudio, se indaga en las teorías politológicas para comprobar que la gobernanza es una forma eficaz de ejercer el poder en toda estructura democrática, en función del nuevo papel protagónico que la sociedad civil ha alcanzado en la conducción de su devenir, merced al cauce de curso y convocatoria al que invita el postulado y aplicación de la gobernanza.

A través del método hipotético deductivo se analiza la teoría de la gobernanza, con el objetivo de identificar a los referentes científicos y analíticos del fenómeno, así como la reconceptualización de la gobernanza, como la nueva herramienta que define y ejerce el proceso político en las sociedades contemporáneas.

Para terminar, a manera de propuesta teórico-empírica y como resultado de la reflexión académica realizada sobre la concomitancia entre las categorías de investigación, se expone y argumenta un modelo de gestión de gobierno y gobernanza susceptible de ser aplicado para lograr el desarrollo sostenible del territorio bajo indefinición jurisdiccional, alineado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual mandata la posibilidad de que los municipios puedan coordinarse y asociarse, así como su facultad para participar en la formulación de planes de desarrollo regional.

Ante el esquema tradicional vigente, que opera con mayor verticalidad, centralización y concentración en la planeación y toma de decisiones a nivel macro República, aquí se bosqueja un modelo de gobernanza que coligue la transversalidad en la gestión del territorio en conflicto, adicionando el enfoque multinivel y multiactor para incrementar su desarrollo al incluir y privilegiar, ante todo, la experiencia y la capacidad de gestión local donde ocurre el fenómeno espacial de la disputa.

Agentes de desarrollo social

Dicho modelo esboza un proceso operativo en el cual al gobierno federal le compete diseñar los planes generales en materia de desarrollo regional, mientras que a las autoridades estatales les corresponde una función facilitadora para la constitución de la asociación entre municipios de diferentes entidades federativas, como es el caso, y así delegar la gestión del territorio a un Agente Técnico Local, en concordato con representantes calificados de la iniciativa privada, del sector social y del ámbito académico, a los que se denominará Agentes de Desarrollo Local.

Para fines operativos, para este modelo multinivel y multiactor se propone un esquema dual que contenga una gestión de la gobernanza local mediante la participación activa de la sociedad civil y del sector privado, como agentes estratégicos que laboren al lado del sector gubernamental local. Además, se propone también una gestión del territorio que, bajo los principios de subsidiariedad, corresponsabilidad y asociacionismo entre dichos actores, se haga cargo de la creación de la agenda para la planificación regional, su programación y negociación local, la implementación operativa de planes y proyectos, su monitoreo y evaluación, así como de su control y rendición de cuentas. Así, se podrá cumplir el imperativo del artículo 115, fracción V, inciso c) de la Constitución Federal Mexicana cuando obliga a que: “cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios”.

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(*) Dr. Ignacio Alonso Velasco es profesor universitario de Derecho, asesor jurídico en el Congreso del Estado de Quintana Roo, presidente de la Asociación de Egresados del Iapqroo y del colectivo Mexicanos de Corazón y columnista del Grupo Pirámide.

 

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