La empresa que ha lucrado durante dos décadas quiere una indemnización millonaria para retirarse, que sería de 730 millones de dólares.
Como si conociera el desenlace, la presidenta Claudia Sheinbaum les dijo que entreguen la concesión y que siga el litigio.
Luciano Núñez
Jerry Maguire es una película noventera protagonizada por Tom Cruise, Renée Zellweger y Cuba Gooding Jr. Y acaso la frase más recordada es la del personaje Rod Tidwell: “Show me the money” (muéstrame el dinero).
Después de que los recursos legales por la maniobra, a todas luces ilegal para extender la concesión por 30 años, durante el gobierno de Roberto Borge, empezaran a tocar tierra firme: con órdenes de aprehensión, la empresa decidió contraatacar a través de la prensa nacional que, lejos de apaciguar su situación, le tiró gasolina. Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien salió con todo a dar señales de que el proceso sigue y que está en contra de las concesiones de los recursos naturales del país. El hilo siguió con un extenso comunicado de la empresa que, sin sutileza, desliza que para irse tendrían que recibir algo así como 730 millones de dólares, poco más de 14 mil millones de pesos mexicanos: dos veces el presupuesto anual de Cancún, que supera los 7.6 mil millones.
Desinversión aún con ganancias
Ajenos a la realidad: quejas y un elevado costo, la empresa Aguakan ha sumado ganancias en 2023 por 703 millones de pesos, mientras que en 2024 fueron de 611 millones de pesos de utilidad neta, según sus datos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Sin embargo, mientras las ganancias se mantuvieron estables, la inversión fue en pleno retroceso. De acuerdo al mismo reporte, “las inversiones en el área concesionada en 2024 ascendieron a $476.4 millones, monto menor en un 36.5% al año anterior, por $750.8 millones. Una variación de ($274.4) millones”, dice el reporte oficial.
El acelerado crecimiento en la zona norte no corresponde con la desinversión que planteó la empresa: el Reporte Anual de Situación de Pobreza y Rezago Social de 2022 dice que en Benito Juárez todavía hay casi 80 mil personas sin acceso al agua potable, casi 8 mil en Isla Mujeres; 4 mil en Puerto Morelos y 14 mil en Solidaridad: los cuatro municipios en los que opera la empresa.
La estrategia legal del Estado de Quintana Roo parece clara: continuar demandas y que la empresa entregue la infraestructura, salvaguardando la afectación que pudieran tener los socios accionistas que cotizan en la Bolsa.
El agua doméstica más cara
Un reporte de 2023 de IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), dice que Quintana Roo y Yucatán son las entidades con las tarifas mensuales domésticas más altas de todo el país ($172.86), seguidas de Colima ($158.90) y Puebla ($151.87). En promedio, la tarifa mensual doméstica en México es de $ 80.73 pesos y de 188 la comercial.
La postura de la gobernadora, Mara Lezama, ha sido más que contundente y firme: “Tras años de abusos e irregularidades de Aguakan, este gobierno, junto a nuestra Presidenta, actúa con firmeza para poner fin a una concesión que ha dañado a nuestra gente y al medioambiente”… En el mismo sentido se pronunció la alcaldesa de Cancún, Ana Paty Peralta, al decir que Aguakan, “le ha fallado a Cancún”.
La línea la había lanzado la presidenta Claudia Sheinbaum en su Mañanera, cuando dio señales claras de que ya conoce el desenlace de esta película de concesiones que no ha dado resultados para la ciudadanía: “La mejoría del servicio no ocurrió en ningún lado. En Cancún es un abuso lo que han estado haciendo. Ni cumplen con el derecho humano y sí cobra las tarifas como quieren”, dijo. “No se puede hacer negocio con el agua. Privatizarlas para que haya ganancias para un privado no ha funcionado. Que siga el litigio”. Fue clara.
¿Cómo llega la empresa francesa a Quintana Roo?
Fue el presidente Carlos Salinas de Gortari quien abrió las puertas de la participación privada en los servicios públicos. Y en Quintana Roo, en esa corriente, el gobierno de Mario Villanueva, en 1993, otorgó la concesión por 30 años, hasta 2023. Cuando todavía faltaban diez años y, pese a los reclamos, el Congreso del Estado y los cabildos de Quintana Roo, avalaron en 2014 darle la concesión por otros 30 años, hasta 2053, durante los gobiernos de Roberto Borge y municipal de Paul Carrillo. La sesión del Congreso se celebró en un hotel y la de Cabildo de Benito Juárez, en una sesión a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.
¿Quiénes son los dueños reales de la empresa?
La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), filial de la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), que aporta el 50.1 del capital. En 2002, con la participación de Azurix que, a su vez, fue adquirida por BAL-ONDEO, asociación compuesta por Peñoles y Suez Environnement, según los propios documentos de Aguakán en su portal oficial. Suez Environnement viene del grupo francés Suez que opera en los sectores de tratamiento de aguas y la gestión de residuos y que figura entre las cinco empresas más grandes del mundo. Es decir, parte de la inversión es de capitales franceses. Sin embargo, quienes están comprometidos son los directivos de las empresas nacionales. La disputa legal se ha centrado en las órdenes de aprehensión sobre dos de los directivos: Jorge Ballesteros Franco y Paul Rangel Merkley, que son los únicos integrantes del Grupo Bursátil Mexicano que cuentan con alertas migratorias.
Salvando las órdenes de aprehensión, seguramente la empresa intentará lo que hizo en Tucumán, Argentina, donde apeló en tribunales internacionales su erradicación por el deplorable servicio que brindaba: lo hizo ante el el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que después de 14 años de batalla legal resolvió que la provincia de Tucumán debía pagarle 170 millones de dólares a Aguas del Aconquija, controlada por la firma francesa Générale des Eaux. En divisa mexicana, fueron 3 mil 274 millones de pesos de hace 11 años.
Nadie quiere dejar un negocio millonario
El negocio fue más que boyante: con superávit todos los años y un nivel de quejas que se reflejaba en la Profeco cada año, con bombeo de aire que se cobraba en muchos casos, incluso comprobado por peritajes. Aún así, la empresa buscó la forma de renovar, algo que afirma el gobierno en turno, de Mara Lezama, se hizo de manera ilegal, a través de un pago de mil 55 millones de pesos, que apenas llegaron a la cuenta de la CAPA se fueron directo a Sefiplan con destino todavía desconocido, como el del entonces secretario de finanzas, Juan Pablo Guillermo, quien figura en la parte toral de la denuncia y en calidad de prófugo o amparado.
Como se trata de un negocio millonario, que arroja entre 600 y 700 millones de pesos al año, nadie quiere dejar de recibir compensaciones: las utilidades de las acciones pasaron del último trimestre de 113.64, en 2023, a 123.53 en 2024, de acuerdo con los mismos informes de la BMV. En su desplome por el incremento de quejas, las desinversiones y la detección de la presencia de contaminantes en parámetros fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, “lo que representa un riesgo inminente a la salud de la población, siendo tóxicos para los seres humanos”, el grupo dejó trascender en la prensa nacional que la concesión pasaría a manos de otra empresa: Acciona. Sin embargo, esta versión ha sido ampliamente desmentida por el primer círculo de la mandataria estatal.
La etapa de entrega de activos está contemplada para dentro de unos meses y sería operada por el Estado.
No menores son los reportes de CAPA que dicen que, además de incumplimiento de infraestructura, la calidad del agua no se salva por ningún frente. Los informes dan alertas por la escasa calidad del servicio y los cobros excesivos.
Ahora, la etapa final será afinar números para el traspaso que parece, ya casi un hecho consumado, para que sea el Estado el que vuelva a capitalizar un gran negocio que estaba en manos privadas y, en buena parte, extranjeras.
En la película, el personaje que pedía que le enseñaran el dinero, comprende al final que para ganar tenía que jugar con el corazón, no con los bolsillos llenos, la única manera en que juegan los inversores, lejos de los intereses de una comunidad o el Estado.
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