Por Jaguar Negro
Dos de las tantas irregularidades y abusos que Grupo Pirámide y organizaciones civiles han venido señalando en el municipio de Tulum, han sido confirmadas esta semana por autoridades de diferentes niveles de gobierno, una de ellas, nada menos que el propio municipio.
Suprema corte
En el primer caso fue el máximo órgano de justicia de México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que revirtió el abusivo cobro de búsqueda e impresión de documentos, acción reclamada desde el año 2022 por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando el actual alcalde, Diego Castañón, era tesorero.
Todavía quedan por resolverse otros abusos de cobros relacionados al 5 por ciento del alumbrado público, que habían sido anexados en los artículos 143 BIS, 143, TER y 143 QUATER, de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, reformada mediante Decreto número 157.
Todos estos decretos (al igual que otros del municipio de Felipe Carrillo Puerto) fueron publicados el periódico oficial de la entidad el 21 de diciembre de 2023. De acuerdo a la autoridad, los derechos fundamentales que se estiman violados son, el derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad y principios de proporcionalidad y equidad en las contribuciones.
La torre inclinada en Tulum
En el segundo caso es todavía peor. En una zona de anidación de tortugas marinas fue construido un desarrollo que, de entrada, viola las normativas los niveles permitidos para esa zona. Se trata de Adamar, en la bahía Soliman, de Tulum.
El ingeniero Wilbert Esquivel hizo un sobrevuelo con dron por la obra y se encontró con que estaba inclinada y con muchas probabilidades de colapsarse. La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS), confirmó que la obra se hizo sin ningún permiso, ni federal ni municipal, y ahora, fue la propia autoridad municipal: Protección Civil, la que confirmó el edificio está inclinada, como famosa Torre inclinada de Pisa.
Todo este desarrollo comenzó y se erigió sin ningún tipo de permisos y, ante la inacción de las autoridades vinculadas a la protección del medio ambiente, de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, varias organizaciones levantaron la voz para comenzar a visibilizar lo que, a la vista, es tan evidente.
Desde Grupo Pirámide y, desde luego, Jaguar Negro, seguiremos atentos a la información que impida que estos atropellos, tan flagrantes, se sigan perpetrando desde el gobierno, que debe velar por la ciudadania, no esquilmarla ni quitarle sus recursos naturales anteponiendo los negocios inmobiliarios.
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