Las acciones se dan pocas semanas después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, presentara el Plan Nacional Hídrico, que concibe al agua como un derecho y un bien de la nación

Por Jaguar Negro

De acuerdo con un extracto del expediente: 1433/2024, uno de los directivos de Desarrollos Hidráulicos de Cancun, Aguakan, si bien obtuvo una suspensión para no ser detenido (hasta tanto se rindan los informes de las autoridades), le ha sido negada la suspensión para retirarle la “ficha roja” y el pasaporte.

Se trata de Paul Andrew Rangel Merkl, un ejecutivo en el sector empresarial mexicano, con una vasta experiencia en la dirección de empresas en los campos de servicios industriales y de desarrollo de infraestructura. Actualmente, ocupa el cargo de director general en Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., desde 2020. En esta posición, supervisa la gestión y desarrollo de proyectos hidráulicos clave en la región de Cancún.

En el resolutivo dice a la letra: “Es parcialmente fundado el recurso de queja.» Y detalla: “no fue correcto que se haya negado la suspensión provisional, por lo que hace a la ficha roja y alerta migratoria, lo que trae como consecuencia que el acuerdo que el acuerdo impugnado deba modificarse…Se niega la suspensión provisional solicitada respecto de la emisión de la emisión de la ficha roja y alerta migratoria”.

Este caso se suma al de otros directivos, como Diego Javier Avilés, director del Grupo Mexicano de Desarrollo, GMD, quien estaría en la misma situación, esto, después de que el gobierno de Quintana Roo emprendiera una búsqueda sobre el paradero de más de mil millones de pesos que desaparecieron durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, cuyo tesorero, Juan Pablo Guillermo, nunca fue detenido para responder por este faltante: el dinero estuvo apenas minutos antes de que desapareciera de las cuentas del Estado, días después de que fuera extendida la concesión por 50 años para prestar los servicios en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

La legislatura pasada anuló dicha prórroga y reabrió el caso, por lo cual, la concesionaria y sus directivos interpusieron una serie de amparos contra detenciones y la retención de pasaporte, esto último denegado por el juez, como dice el resolutivo del expediente: 1433/2024.

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