La Misión de Observación Electoral que desplegó la Organización de los Estados Americanos (OEA), para monitorear las elecciones judiciales del 1 de junio último, advirtió que la coincidencia entre los “acordeones” repartidos antes de los comicios y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obtuvieron la mayor cantidades de votos, aunado a que todos ellos están vinculados con la llamada Cuarta Transformación, “levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”.

En un informe muy duro contra la organización de las elección judiciales, la misión celebró que la jornada electoral sucedió en un “clima de tranquilidad”, pero expresó su “preocupación” ante el bajo nivel de participación –87% de los votantes no acudió a las urnas– y por el “alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.

La misión concluyó su reporte planteando que “la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a escala mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

Entre los aspectos preocupantes de la elección, la misión señaló:

• El reparto de acordones –planteó que “reprueba estas prácticas y se mantiene atenta a las investigaciones–.
• Que las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas en “acordeones físicos y virtuales”.
• Que observadores electorales trabajaron bajo la coordinación de partidos, lo cual no sólo es contrario al espíritu de la elección judicial, sino que está prohibido por los propios lineamientos.

Con ello, confirmaron las sospechas emitidas por algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes plantearon que el número inédito de solicitudes para ser observadores electorales podría reflejar una operación electoral orquestada por partidos políticos para desplegar a militantes en las casillas.

La misión resaltó que escuchó “repetidas críticas contra las autoridades electorales, particularmente contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, y explicó:

“Diversos actores señalaron que su confianza en el tribunal se había resentido notablemente debido a que éste no había actuado de manera ni expedita ni efectiva”, aunado al hecho de que la Sala Superior atravesó el proceso electoral con solamente cinco integrantes, de los siete que debía tener por ley.

La misión, encabezada por el chileno Heraldo Muñoz Valenzuela, señaló que el proceso electoral se llevó a cabo “en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”; su informe final señaló que la elección de jueces no tiene “precedentes en el mundo”, y tuvo “uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”.

El grupo presentó sus observaciones y recomendaciones en un informe de 37 cuartillas presentado el 6 de junio último. En él, cuestionó los bajos requisitos con los que se seleccionaron a los candidatos para ocupar los cargos judiciales –“para el caso de los jueces y juezas de distrito no se exige ninguna experiencia que acredite un mínimo de desempeño o actividad profesional en el área jurídica”, subrayó–, y criticó el carácter ambiguo del criterio de “buena reputación” que pudo prestarse para “exclusiones arbitrarias”.

La misión consideró de lo “más preocupante” que los Comités de Selección que filtraron las candidaturas tuvieron una “capacidad de autorregulación” que llevó a “que las reglas y procedimientos para evaluar la idoneidad de los postulantes fueran marcadamente diferentes y tuvieran distintos niveles de exigencia”. Observó que el comité del Ejecutivo se limitó en verificar los perfiles en 10 minutos y el del Legislativo pidió un breve ensayo, mientras que el del Legislativo tenía exigencias mucho más elevadas.

En su informe, la misión de la OEA hizo un repaso del camino atropellado de la elección judicial, desde la polémica aprobación de la reforma judicial hasta el reparto de acordeones que “podrían constituir propaganda o permitida y potencialmente un intento de coacción al voto”, pasando por el “sorteo” de cargos mediante tómbola, por la descarnada batalla legal entre el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).