Ignacio Alonso Velasco
Acabo de leer en El Universal (https://bit.ly/2DhE3rD) la noticia de que al escritor Paco Ignacio Taibo II se le niega poder dirigir el Fondo de Cultura Económica por no cumplir el requisito impuesto por el Art. 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de tener que ser mexicano por nacimiento, cuando él lo es, “solamente” por naturalización.
Esta Ley, al igual que otras en México, viola la Carta Magna de este país, la cual en su Art. 1° prohíbe toda discriminación motivada, entre otras razones, por el origen étnico o nacional. Este derecho que tenemos los mexicanos naturalizados también está protegido en tratados internacionales signados por México, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 2°), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 1°), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2°) o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Art. 2°).
Armonía entre las normas
Debe existir una armonía entre las normas locales y los instrumentos internacionales a los que el país se ha adherido, y esa compatibilidad debe ser vigilada primero por la judicatura nacional, y luego, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que el caso llega a sus estrados, por medio del control de convencionalidad, el cual tiene un carácter difuso ya que cada uno de los magistrados locales puede y debe cumplir la tarea, sin perjuicio de la posterior intervención de la Corte Interamericana. Esta labor no le corresponde tan solo al poder judicial sino a todas las autoridades sin excepción, las cuales asumen una responsabilidad de Estado en la defensa de los derechos humanos.
¿Qué dice la SCJN?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto derivado de la resolución de varias acciones de inconstitucionalidad como la 48/2009, la 19/2011 y la 20/2011. La Corte considera que hay funciones públicas que deben ser realizadas únicamente por mexicanos por nacimiento debido a su naturaleza, encaminadas a salvaguardar la soberanía nacional. Desde luego que el ser director general de un organismo descentralizado, como lo es el Fondo de Cultura Económico, poco tiene que ver con la defensa de la patria.
Afirmo que no todos los ciudadanos mexicanos son iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, debido a que los mexicanos naturalizados tenemos vetada la posibilidad de acceder a muchos cargos por el simple hecho de no ser oriundos de este país, por lo que no contamos con las mismas condiciones legales que los mexicanos por nacimiento, a pesar de que se ha demostrado que el no ser discriminado por el origen nacional es un derecho fundamental, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tratados supranacionales, ratificados por México.
Actualizar textos
Recomiendo al H. Congreso de la Unión que revise la legislación federal entrada en vigor el siglo pasado, como lo es la Ley Federal de las Entidades Paraestatales de 1986, y actualice sus textos para armonizarlos con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También sugiero a dicho Congreso que gire un respetuoso exhorto a las legislaturas locales con la finalidad de que procedan a reformar sus ordenamientos jurídicos en el sentido apuntado en este trabajo y así lograr legislaciones incluyentes con todos los ciudadanos mexicanos. Solo de esa forma dejará de haber mexicanos de primera y de segunda.
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(*) Ignacio Alonso Velasco: Licenciado en Derecho, Maestro en Gestión y Análisis de Políticas Públicas y estudiante de Doctorado. Imparte clases en la Licenciatura de Derecho de la Universidad de Quintana Roo. Miembro del Consejo Directivo de RECEMX, A. C. y Presidente de la Asociación de Egresados del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo Correo: velasco@uqroo.edu.mx
