Por la serie de irregularidades registradas en la administración de Roberto Borge, «todo indicaría que no se repetirían las mismas prácticas y costumbres. Y es de llamar la atención las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al C-5«, afirmó el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra.
La Auditoría Superior detectó en 2019 que en la construcción del C-5 que el Gobierno de Quintana Roo no acredita por qué realizó la adjudicación directa de la obra a la empresa Total Play -de Ricardo Salinas Pliego-. Tampoco coincide el giro de la empresa con el tipo de obra adjudicada, que es la construcción del edificio.
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En 2016, ante el Congreso del Estado Carlos Joaquín, se convirtió en el primer gobernador no priísta, luego de 46 años de hegemonía del tricolor. Y ahí su principal compromiso fue con la transparencia y la lucha contra la corrupción: «cuentas claras», dijo.
Gobierno honesto y transparente, ofreció CJ
«No más complicidades para que unos pocos hipotequen el futuro de muchos. Nada ni nadie estaremos por encima de la ley. Mi compromiso con un gobierno honesto y transparente es absoluto. La lucha contra la corrupción e impunidad será implacable e impostergable”, señaló en septiembre de 2016.
La Auditoría se encarga de revisar el cumplimiento financiero de los recursos asignados a través de la Cámara de Diputados al gobierno de Quintana Roo. Y en 2019 encontró irregularidades en el ejercicio de más de 300 millones de pesos, de los que 105 millones corresponden al C-5.
Consideró que será complicado para el gobierno de Carlos Joaquín justificar por qué hizo la asignación directa, por qué rebasó el monto permitido para una asignación, por qué contrató a una empresa que no experta en construcción. Y también por qué a pesar de que Total Play se comprometió a no subcontratar, lo hizo al apoyarse en Dipocra para la construcción del complejo de seguridad.
¿Qué sucedió en el C-5?
«Hay mucho sospechosísmo de qué sucedió en esta operación… Va a tener que dar una explicación de por qué eligió a esa empresa y va a tener problemas (el Gobierno del Estado)», afirmó.
Al detectar estas irregularidades, el Gobierno del Estado tiene un plazo para subsanarlas, indicó el presidente del Observatorio Legislativo. Y en caso de no hacerlo, recibiría sanciones, entre ellas, devolver los recursos federales asignados.
«Podrían recibir sanciones administrativas y multas. Pero lo importante es que decían que no se iban a repetir los actos de corrupción», lamentó Galaviz.
