El Congreso del Estado sí tiene facultad para instruir a la Auditoría Superior del Estado para revisar rubros específicos, como son las posibles irregularidades en el cobro del impuesto predial en los últimos tres años desde el ayuntamiento de Benito Juárez, afirmó el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura Local, Eduardo Martínez Arcila.
El parlamentario explicó que la controversia constitucional presentada desde ese ayuntamiento, trata de impedir la reapertura de cuentas públicas, lo que no se ha ordenado.
Aclaró que lo que se pidió a la Auditoría, y se va a realizar, es confirmar o descartar que desde la dirección de Ingresos se falsificó documentos, se desviaron recursos y se hicieron ilegales descuentos para beneficio personal y de algunos particulares, afectando el patrimonio municipal.
La revisión al cobro del impuesto predial está sustentada en una denuncia penal, donde existe documentación comprobatoria, y la legislatura no puede ser omisa, insistió el legislador.
